José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, ha llegado a la Audiencia de Pontevedra, donde es juzgado por un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, por el que el fiscal le pide 6 años de prisión y 10 millones de multa.
Miñanco ha llegado a las 9.58 horas escoltado por la Policía, esposado y con una botella en las manos.
En la primera jornada del juicio, celebrada el martes, el tribunal desestimó la petición de nulidad de la causa solicitada por los abogados de la defensa al entender que la investigación ha sido prospectiva y los hechos han prescrito.
Las declaraciones de Miñanco y del resto de encausados, su primera mujer, su cuñada, una de sus hijas y un empresario por su papel como testaferro fueron pospuestas para la jornada de hoy.
La Fiscalía les acusa de blanquear entre 1988 y 2007, a través de la inmobiliaria San Saturnino, 10 millones de euros, mediante la adquisición de bienes inmuebles en diferentes ayuntamientos de la provincia, entre ellos Pontevedra, Cambados o Sanxenxo.
Este era el único juicio que tenía pendiente el narcotraficante gallego hasta su detención el pasado 5 de febrero en una macrooperación antidroga desarrollada en varios puntos de España y en la que resultaron heridos tres agentes de la Policía, entre ellos un GEO, al que le alcanzó una bala.
Miñanco, de 62 años, veinte de ellos pasados en prisión, se encontraba en semilibertad desde abril de 2015 y trabajaba como responsable de seguridad de una empresa de aparcamientos en Algeciras.
Sin embargo, y pese a haber manifestado su arrepentimiento al juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional a cambio de la obtención de la semilibertad, los investigadores creen que en realidad dirigía desde 2016 una banda de narcotraficantes dedicada a introducir cocaína en España y a blanquear dinero.
España
Llega a la Audiencia de Pontevedra Sito Miñanco para ser juzgado
Por un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, por el que el fiscal le pide 6 años de prisión y 10 millones de multa
La Fiscalía les acusa de blanquear entre 1988 y 2007, a través de la inmobiliaria San Saturnino, 10 millones de euros
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