El PDeCAT someterá a votación el próximo jueves en el Pleno del Congreso la supresión de la Audiencia Nacional, a la que considera un tribunal más bien "político", sucesor, llega a decir, de los tribunales franquistas y de la Inquisición, y cuya existencia cree que no tiene sentido tras la desaparición de la banda terrorista ETA.
Así se recoge en una de las propuestas de resolución que los independentistas catalanes han presentado en el Congreso a la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondiente al año 2016 y que se votarán en la próxima sesión plenaria.
En concreto, el PDeCAT quiere que el Congreso inste al órgano de gobierno de los jueces a que se posicione a favor de la supresión de la Audiencia Nacional porque cree que, en las circunstancias actuales, tras el fin de la lucha armada de ETA, está "más cerca" de ser un tribunal "político" que un tribunal del Estado de Derecho.
ALGO PROPIO DE LA INQUISICIÓN
Es más, la antigua Convergència señala que "a veces" la Audiencia Nacional lleva adelante una labor "continuadora" de "las funciones de los antiguos tribunales de orden público, de inquisición", según reza el texto registrado y recogido por Europa Press.
La Audiencia Nacional, creada en 1977, es un tribunal con jurisdicción en todo el territorio nacional y que centraliza la investigación de delitos especialmente graves establecidos por ley como el terrorismo, el narcotráfico a gran escala, los delitos de la Corona o la delincuencia organizada cuyo ámbito de actuación sobrepasa a una comunidad autónoma.
Por eso viene investigando todos los casos de terrorismo, tanto de ETA como de corte yihadista, la actividad de las grandes redes de narcotráfico, delitos económicos que causan grave perjuicio a la economía nacional como Banesto o Bankia, y tramas de corrupción muy ramificadas como el caso Gürtel o las actividades del clan Pujol.
En relación con Cataluña, y mientras el Tribunal Supremo se ha ocupado de la investigación de los aforados por el referéndum ilegal del 1 de octubre, la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional se ha encargado de la causa que afectaba a los funcionarios y ha acabado procesando por sedición, entre otros, al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero.
