La juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Palma del Condado (Huelva), quien ha archivado la causa por las captaciones supuestamente ilegales de agua en el entorno del parque nacional de Doñana contra el exconsejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y actual ministro de Agricultura, Luis Planas, ha abierto juicio oral contra los dos últimos exalcaldes de Almonte y contra siete personas jurídicas y sus respectivos representantes legales.
De este modo, y por medio de un auto dictado el día 23 de julio, la magistrada instructora archiva la causa contra Luis Planas y dos exsecretarias generales de dicha Consejería a petición de la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva, única acusación personada en este procedimiento, pero sigue adelante contra los dos exediles, Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP), han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La magistrada abre juicio oral contra todos ellos por un presunto delito contra los recursos naturales o, alternativamente y tal y como pidió la Fiscalía en su escrito de acusación, por un delito de usurpación de aguas.
Una vez dictado el auto de apertura de juicio oral, el juzgado se encuentra a la espera de recibir los escritos de defensa correspondientes antes de remitir la causa al órgano judicial competente para su enjuiciamiento.
Cabe recordar que el pasado mes de junio la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva pidió el archivo para Planas y para las dos exsecretarias generales en el caso de unas captaciones ilegales de agua en el entorno de Doñana desde 2009 a 2012, concretamente en la finca Matalagrama de Almonte cuando era consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, porque consideraba que "no existen indicios relevantes de su participación activa u omisiva en los hechos objeto del procedimiento que justifiquen la formulación de acusación".
Según rezaba en el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal encargado de la causa, Alfredo Flores, interesó el sobreseimiento para Planas y para las dos exsecretarias generales de esta Consejería en las citadas fechas.
El fiscal explicaba que "la única conexión de los reseñados investigados es el hecho de haber ocupado como titular, en el caso de Planas, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía o la Secretaría General de Agricultura y Alimentación de dicha Consejería, en el caso de las dos exsecretarias".
Sin embargo, sí acusaba a 15 personas, entre los que destacan los dos exalcaldes de Almonte, así como titulares de las explotaciones sitas en la finca Matalagrana de Almonte y administradores de hecho o de derecho de las sociedades, la mayoría agricultores.
Esta causa comenzó en agostó de 2011 por la denuncia de un particular sobre supuesta corrupción en Almonte en relación a pozos ilegales y subvenciones a empresas, tras un acuerdo que se firmó entre el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) y el Ayuntamiento de la localidad.
Sin embargo, el fiscal detallaba en su escrito que, desde aquellas fechas y en ejecución de estos convenios, los agricultores acusados, conscientes de la falta de autorización legal para ello, venían extrayendo agua del acuífero 27 para regar sus explotaciones, a través de los sondeos creados por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda) a principio de los años 70, actualmente propiedad del IARA, así como que tanto los titulares de las explotaciones y los citados alcaldes "fueron conocedores de la inexistencia de la autorización para la extracción de agua".
Sobre el papel de los alcaldes, miembros del Consejo de Participación de Doñana y conocedores del "delicado estado del acuífero", consideraba el Ministerio Fiscal que desde que en el año 2007 empezaran a recibir los agricultores acusados la notificación de expedientes sancionadores de la CHG, ellos se comprometieron expresamente con dichos acusados a "solucionar el problema y les comunicaron que todo era un error y que ellos se ocuparían de todo y le darían una solución política al tema, de tal forma que permitieron con dicha actitud y posicionamiento que continuase la actividad de extracción ilegal del agua y el daño para el acuífero".
DOS AÑOS Y DIEZ MESES PARA LOS ALCALDES
Por estos hechos, para los exalcaldes pide las penas de dos años y diez meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de casi 5.500 euros. A su vez, alternativamente, en caso del otro delito, una multa de 3.600 euros. Del mismo modo, impone a cada una de las empresas el pago de una multa de 24.400 euros.
Como responsabilidad civil, los acusados y, de manera solidaria con ellos, las empresas de la que son administradores indemnizarán a la CHG con las cantidades que se determinen tras la celebración del juicio, en base al informe pericial realizado por el Jefe del Servicio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrológica del Guadalquivir.
Para los demás, solicita a cada uno de ellos las penas de tres años y diez meses de prisión, el pago de una multa de 12.200 euros, y alternativamente, por el otro delito una multa de casi 11.000 euros, y el precinto definitivo de los pozos-sondeos declarados ilegales y reseñados en la conclusión primera que en un principio se hizo de manera cautelar.
Cabe recordar que esta querella fue elaborada por la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente en el marco de sus diligencias de investigación sobre la denuncia de WWF sobre el llamado robo de agua en Doñana convirtiéndose en una causa, de unos 3.500 folios de extensión en la pieza principal y de 1.000 en la pieza de medidas cautelares, declarada compleja y en el que se une el trabajo de muchos profesionales de la justicia y del Seprona.
