El Defensor del Pueblo Andaluz, que en aquellos tiempos era José Chamizo, emitió a principios de este siglo un documento contra el fachadismo, la corriente que se impuso en aquellos años para proteger los cascos urbanos y especialmente los catalogados como históricos.
El informe advertía sobre las consecuencias de un proteccionismo desmesurado que a medio plazo podía ocasionar el despoblamiento de los centros urbanos ante las dificultades para mantener en perfectas condiciones unos inmuebles con altos grados de protección.
El problema que aventuraba -se va demostrando que con buen criterio- es que ante las dificultades para edificar y sobre todo la escasa rentabilidad de las restauraciones por las bajas alturas del centro, se formarían nuevos núcleos de viviendas y de actividad económica en el perímetro de las zonas protegidas.
Eso ha ocurrido en San Fernando con el caso de toda la zona de Hornos Públicos y El Almendral, fuera del perímetro de un Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (Peprich) o en la zona de Camposoto y sector I de la Casería que si bien era normal su desarrollo ante el crecimiento de la población, ha propiciado que cualquier posibilidad de instalarse en el centro haya disminuido sustancialmente.
El propio informe del Defensor del Pueblo advertía de una despoblación de los centros urbanos y como consecuencia el deterioro de edificios de escasa edificabilidad y extremadamente caros de restaurar, salvo que lo hiciera la iniciativa pública que si bien comenzó con buenas intenciones, la crisis frenó en seco cualquier actividad en este campo, al menos de forma directa.
El paradigma de esas consecuencias se está viendo en estos años y concretamente en estos días. La compra por el Ayuntamiento de la Casa Lazaga, en claro estado de ruina y la expropiación de la antigua sede de la Cruz Roja que va por el mismo camino o peor, son dos ejemplos en este caso más sangrantes, porque están en manos de la municipalidad a la que precisamente le corresponde velar por el mantenimiento del patrimonio arquitectónico, especialmente el de su propiedad.
El tercero -entre otros que irán saliendo conforme avance el estado de ruina- es el de la calle Real, 98 esquina a Faustino Ruiz, donde en la tarde de este jueves ha desaparecido la placa con el nombre de la calle y además un inmueble catalogado en el Peprich tanto por su valor arquitectónico como por su valor histórico.
Algunos propietarios de inmuebles en mal estado, excesivamente caros de restaurar y de escasa sostenibilidad económica -salvo lo mucho que cuesta sostenerlos en pie- pueden permitirse esperar a que el estado de ruina permita su demolición. Otros, ante los altos costes de una restauración prefieren ser expropiados; unos terceros esperarán a ver si tienen suerte y al menos les sale lo comido por lo servido.
Este jueves ha dejado de existir un edificio que formó parte del paisaje de La Isla desde hace muchos años. Mañana serán otros y pasado más porque no es la demolición de un edificio sino un síntoma de una metástasis ocasionada por una mala política urbanística. El informe del Defensor del Pueblo, de casi veinte años, sigue demostrando que el excesivo proteccionismo es tan malo como el libre albedrío y que mejor sería que arbitraran medidas intermedias teniendo en cuenta las consecuencias de sus políticas.
En el término medio está la virtud. Es algo más que un refrán.
