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El jardín de Bomarzo

Manual de resistencia

Para la mayoría, la carrera política es una profesión en la cual el objetivo es situarse en el lista de elegidos del dirigente de turno

Publicado: 08/02/2019 ·
11:44
· Actualizado: 08/02/2019 · 11:44
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Bomarzo

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Ahora que las municipales están a la vuelta de la esquina y que en breve unos y otros deberán confirmar sus listas, que son muchas porque son muchas las poblaciones y por cada una de ellas se presentarán entre cinco, seis y hasta ocho o diez formaciones, me asalta la incógnita de quién, por qué y por cuánto se acerca uno a una política denostada, socialmente mal vista, judicialmente en la picota y, siendo sinceros, parece poco argumento el tan manido principio de vocación pública para unas personas que, al igual que todas, tienen familias, hijos, hipotecas y un futuro que construir que en el mundo de la política es de todo menos seguro porque se depende de las relaciones personales e influencias que logres en tu correspondiente partido para ir en puestos de salida y, obviamente, de lo que voten después los ciudadanos. Para muchos, volver luego a la vida privada es un tormento porque el teléfono deja de sonar y te das cuenta de que los amigos que tenías lo eran más del cargo que de la persona; por tanto, ¿merece la pena?

¿Vocación o profesión? Para dirigir una empresa se requiere un perfil profesional cualificado, estudios universitarios, algún máster, tal vez idiomas y determinada experiencia, simplemente por contar con vocación y tener buenas relaciones no es suficiente, salvo que sea tu propia empresa. Para ser empleado público, la Constitución exige que la selección cumpla con los principios de igualdad, mérito y capacidad, por lo que tras unas oposiciones entran los mejores o, al menos, los que han sabido sacar mejores resultados. Lógico sería que para dirigir la cosa pública existiera una especialización universitaria y unas pruebas y sólo quien las superase pudiera optar a formar parte de las listas de las distintas candidaturas en cada tipo de comicio. Pero no, para ser político o para dirigir los gobiernos de cada nivel de administración no hace falta acreditar cualificación en dirección y mérito y capacidad.

En este estado de cosas, hay dos tipos de personas que se meten en un partido: jóvenes imbuidos por la vocación política, por las ganas de aportar y participar en el cambio de la sociedad, con ideales e ideología, que se creen a pié juntilla que la política es para trabajar en pro del interés general y, también, personas que ven su entrada en política como una posibilidad laboral retribuida donde lograr relaciones beneficiosas para su profesión o negocio. Siendo realistas, pocos son los que contando con un trabajo bien retribuido lo abandona y se mete a político. Porque conseguir sillones mejores que un buen puesto privado sólo está reservado a pocos y exige demasiado coste personal. Esto lo está comprobando ahora Ciudadanos en Andalucía en su búsqueda de personas para cubrir los cientos de puestos que necesita, recibiendo más noes que sies.

Para la mayoría, la carrera política es una profesión en la cual el objetivo es situarse en el lista de elegidos del dirigente de turno y para ello hay que priorizar la meta respecto a la familia y ocio y también dejar por el camino determinadas convicciones, comerse algún que otro sapo, sonreír a demasiada gente que no inspiran gracia alguna, vivir en permanente estrategia -que agota mucho-, aprender a no siempre decir lo que se piensa, a aguantar carros y carretas. Y todo sin garantías de que una carambola política te deje en la cuneta y te pase por encima alguien, como de hecho sucede a menudo porque en política estar más cualificado que otro o tener un proyecto más renovado cara al elector no es siempre suficiente. Las claves son otras.

Y es que llegan quienes han sabido posicionarse en el respectivo partido y alcanzan el objetivo quien ha mimado las relaciones internas, cuidado su venta de imagen personal, tenido ojo de apoyar a quien debía o, sencillamente, sabido estar cuando el tren paraba para cogerlo. Mezcla de habilidad y suerte. Luego, le quedará saber ganar los votos de la ciudadanía y, si todas las piezas encajan, será alcalde, presidente autonómico o nacional. Además, están los cargos "regalo", léase parlamentario autonómico, diputado nacional, senador, presidente de cámaras, consejeros de Estado, autonómicos, secretarios, directores generales, delegados del gobierno, de Zona Franca, presidentes de puertos y/o similares. Cargos que no suponen responsabilidades de gobierno, que no exigen tanta dedicación -aunque haya quienes se entregan con alma-, que en según qué casos son más decorativos que otra cosa y que realmente son los que reportan buenos beneficios porque están, en general, muy bien remunerados. Cargos con los que todos sueñan y a los que se opta solo desarrollando con mérito y eficacia el auténtico, verdadero y genuino manual de resistencia. 

Los cargos. Las exigencias personales y los beneficios que reportan los distintos cargos políticos retribuidos no son iguales. Ser alcalde y miembro de un gobierno municipal implica vivir 24 horas pendiente de la ciudad, de sus ciudadanos y de los problemas de un ayuntamiento que no facilita nunca llevar a cabo los objetivos deseados para revalidarse y, encima, si hay algo que se ha judicializado son las corporaciones locales. Oficio de alto riesgo. Los ciudadanos tienen a tiro de piedra a su alcalde y casi cualquier problema que sufran lo rebotan al ayuntamiento, que con la precariedad económica de sus fuentes de ingreso poco o nada puede hacer para solucionar todo lo que llega al despacho consistorial. ¿Qué beneficio reporta ser concejal miembro del gobierno municipal? En los municipios medianos y grandes, la media de sueldo bruto está en torno a 40.000 euros. Los alcaldes que perciben retribución -de los 8.123 municipios, en unos 3.000 no perciben ni un euro-, las cuantías van de los 101.000 de Carmena y 100.000 de Colau a los 32.000 del alcalde de Zamora, el que menos, estando la media en 55.000. En general no obtienen otro beneficio, salvo las relaciones sociales que les permite tener un trampolín para escalar en política o para conseguir un futuro trabajo de tener que dejarla.

En Andalucía, los diputados perciben un sueldo bruto mensual de 3.127 euros. A este sueldo le añaden un complemento mensual el presidente de 1.591, el vicepresidente, mesa y portavoces de los grupos de 1.277, el secretario y vocal de la mesa, más portavoces adjuntos de los grupos, de 960,93 euros, los presidentes de las comisiones y portavoces de los grupos de 508,46, vicepresidentes de las comisiones de 345 y  secretarios de las comisiones de 182 euros. Además, dietas por traslados, manutención y alojamiento, en función de la distancia del municipio en el que vivan, que perciben hasta en los meses vacacionales de enero y agosto pese a estar sin funcionar el parlamento -fue rechazada la propuesta de eliminación que hizo Podemos de estas dietas en estos dos meses-. Otros beneficios varían en función del cargo, quien ostenta la presidencia puede vivir en San Telmo, con sus gastos domésticos y protocolarios a cargo del erario público, coche oficial, seguridad, viajes protocolarios y mejores relaciones sociales, además de situarse en la lista de posibles a saltar a Madrid.  

Porque llegar a ostentar los cargos políticos de la administración del Estado es alcanzar el clímax orgásmico para casi todo político. La retribución bruta mensual de un diputado es de 2.842 euros, a lo que hay que sumar una indemnización de 1.842 euros para los de fuera de Madrid y de 872 para los de provincias, exenta de IRPF. Además, tienen una serie de complementos mensuales en función del cargo que oscila entre los 700 y los 9.000 euros brutos mensuales. Por ejemplo, la presidencia del Congreso gana mensualmente los 2.842 euros de salario bruto más 9.232 euros como complementos y, además, si es de alguna provincia 1.842 euros exentos de tributación, contando con casa oficial con sus gastos domésticos y protocolarios pagados por el Estado. Los cuatro vicepresidentes añaden a los 2.842 euros casi 3.000 en complementos, y los cuatro secretarios, más de 2.400. Los siete portavoces de grupos parlamentarios cobran casi 2.700 euros en complementos y los 18 portavoces adjuntos, 2.100; siempre añadiéndoles los 1.842 exentos de IRPF si son de provincias. Otros beneficios que disfrutan los diputados son respecto al transporte público, ya que no pagan ni un billete de avión, tren o barco, además de que si viajan en avión de Iberia lo hacen en bussiness. Si viajan en coche propio, se les paga kilometraje y los diputados que no tengan coche oficial reciben una dieta de 250 euros mensuales -3.000 al año- para taxis. Cuentan con un plan de pensiones pagado por el Congreso y una ayuda de más de 1.000 euros por gastos de representación. Todo ello, sin contar el alto nivel de relaciones políticas y sociales que los cargos conllevan.

Por su parte, el presidente del Gobierno tiene fijado un sueldo de 82.978,56 euros al año, si bien pocos gastos tiene que asumir con cargo a este sueldo ya que su vivienda familiar es la Moncloa, con todos los gastos domésticos pagados por el erario público y, además, cuenta con una cuantía de libre disposición anual de 30.000 euros, más complemento mensual por gastos protocolarios, más las vacaciones pagadas en viviendas oficiales y los viajes sin coste personal alguno. Otro beneficio que no cuenta ningún cargo público -salvo algunos presidentes autonómicos como el de la Generalitat- es la pensión vitalicia de ex presidente que actualmente asciende a 80.000 euros, compatible con cualquier trabajo. Puede renunciar a ella a cambio de ser consejero de Estado, con un sueldo de 100.000 euros. Además, cuentan con una oficina de ex presidente y personal elegido por él, pagado por el Estado. De las relaciones políticas y sociales ya ni hablemos.

¿Compensa? Visto lo visto, meterse en política compensa y mucho a quienes han sabido conseguir lo que desde su profesión privada, si es que la tenían, nunca podrían; para ellos el camino arduo hasta estar en el cargo deseado queda claramente amortizado. Pero son pocos al lado de los muchos políticos que se quedan por el camino, olvidados por todos e incluso habiendo perdido la oportunidad de desarrollar una profesión, oficio o negocio, más el coste familiar por el tiempo dedicado a la política. O casos como el de María del Carmen Martínez, que fue concejal y delegada en el ayuntamiento de Jerez, todos los que la conocieron en el ejercicio de esas funciones reconocen su honradez, honestidad y gran dedicación al trabajo y por una negligencia administrativa, de la cual no sacó provecho personal alguno, ha acabado en la cárcel, en la que aún no se sabe si estará tres meses o quince, dependiendo de que la justicia sea justa, al menos en este último momento, y le conceda pronto el tercer grado. Seguro que ella y su familia piensa que el mayor error de su vida fue aquél momento en el que decidió meterse a política. 

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