La Autoridad Portuaria de Sevilla y el Consorcio de la Zona Franca han firmado una encomienda de gestión para la redacción del proyecto correspondiente a la ampliación del recinto fiscal hacia el polígono industrial de los antiguos astilleros, según informa la institución portuaria, merced al acuerdo rubricado entre el presidente de la misma, Manuel Gracia, y el delegado especial del Estado para la Zona Franca y exalcalde hispalense, Alfredo Sánchez Monteseirín, tras la reunión del comité ejecutivo de dicha entidad.
La encomienda de gestión establece que la Autoridad Portuaria será la encargada de ejecutar los trabajos de redacción del proyecto del citado vallado de seguridad, necesario para la entrada en funcionamiento de la ampliación, y que el Consorcio de la Zona Franca asumirá la financiación de la totalidad de estos trabajos hasta un importe máximo de 65.000 euros, IVA no incluido.
Recordemos al respecto que al ser constituido el consorcio gestor de la zona franca de Sevilla, proyectada sobre 719.876 metros cuadrados del área de Torrecuéllar pertenecientes a la Autoridad Portuaria, la orden ministerial sobre la que partía, emitida el 30 de agosto de 2013, condicionaba su entrada en funcionamiento a la aprobación de los estatutos del consorcio gestor, del reglamento de régimen interior y de la contabilidad de existencias y la ejecución de las obras de cierre del recinto, con un plazo máximo de dos años para el cumplimiento de dichos aspectos.
LOS PLAZOS
Pero si bien el proyecto avanzaba correctamente en lo que se refiere a sus estatutos, el reglamento de régimen interior y la contabilidad, las obras del cerramiento perimetral constituían un inconveniente, dado que los plazos seguidos por el proyecto hacían imposible que su licitación, contratación e instalación estuviese lista antes del 30 de agosto de 2015, cuando expiraba el plazo inicial fijado en la orden ministerial que autorizaba la constitución de la zona franca de Sevilla.
Dado el caso, el plazo fue ampliado de común acuerdo hasta el 31 de agosto de 2016, si bien ya con dicho nuevo plazo, habría quedado de relieve que tampoco había tiempo suficiente para acometer la ejecución de todo el vallado, con lo que las entidades participantes del proyecto acordaron ejecutar en el tiempo que restaba hasta el 31 de agosto de 2016 una "primera fase" del cerramiento perimetral circunscrito al área de Torrecuéllar, para que la zona franca comenzase a funcionar en esos términos dentro del plazo estipulado y continuar después con el cerramiento del resto de su perímetro.
En ese contexto, ya allá por junio de 2017 se solicitaba al Ministerio de Hacienda una "ampliación" del recinto de la zona franca, para que el mismo incluya a las empresas del sector metalmecánico instaladas en el polígono del Puerto de Sevilla correspondiente a los antiguos astilleros, --GRI Towers, Tecade, Megusa, Ditecsa, Astilleros del Guadalquivir, Gmetal y Apimosa--, para que las mismas se sumen a las seis empresas ya abarcadas por el recinto fiscal; Sevitrade, Jannone, Hispalense de Líquidos, Transformados Huévar, la Terminal Portuaria Esclusa y Cuadros Eléctricos Nazarenos y a la futura planta de la farmacéutica VIR.
