Japón recuerda el tsunami de 2011 con el estigma de Fukushima

Japón conmemoró hoy el octavo aniversario del terremoto y el tsunami que devastaron el nordeste del país, una catástrofe cuyos estragos mantienen desplazadas a 52.000 personas y aún son visibles en torno a la accidentada central nuclear de Fukushima.

Los más de 18.000 muertos y desparecidos que dejó el peor desastre en Japón desde la II Guerra Mundial fueron recordadas hoy en diversos actos realizados en todo el país, a la hora exacta en que un seísmo de 9,0 grados en la escala abierta de Ritcher sacudió la costa este de Japón.

El terremoto registrado a las 14.46 hora local (05.46 GMT) del 11 de marzo de 2011 generó un tsunami que alcanzó los 20 metros de altura en algunos puntos del litoral, barriendo poblaciones enteras a su paso y causando graves daños en la central de Fukushima Daiichi.

Cuando se cumplen ocho años de la catástrofe, los trabajos de reconstrucción se han completado a un 94,5 por ciento en las zonas de la costa nipona que resultaron arrasadas, según los últimos datos oficiales.

El primer ministro nipón, Shinzo Abe, afirmó hoy que Japón "avanza firmemente por el camino de la recuperación", y destacó en particular la reconstrucción de viviendas e infraestructuras en el litoral y los progresos en Fukushima, durante su discurso en un acto de conmemoración celebrado en el Teatro Nacional de Tokio.

Unas 52.000 personas continúan sin poder regresar a sus hogares, la mayoría de ellas procedentes de las áreas de la prefectura de Fukushima que quedaron altamente contaminadas de residuos radiactivos emanados de las fusiones parciales de núcleo de tres de los cuatro reactores de la planta.

Tras completar las tareas de limpieza y descontaminación radiactivas, las autoridades niponas han levantado progresivamente las restricciones de acceso en cuatro de las siete localidades más afectadas por el accidente.

En cambio, prácticamente la totalidad del territorio de Futaba, Okuma y Namie, las localidades más próximas a la central, continúa catalogado "de difícil retorno", y no está claro cuándo podrá ser reabierto a sus habitantes.

Además, varias organizaciones no gubernamentales denuncian que los niveles de radiación son mucho más altos de lo que indican los datos oficiales en muchas zonas alrededor de la central pese a que el Gobierno las ha declarado habitables.

Según Greenpeace Japón, en algunos puntos de las localidades de Namie y de Iitate donde se levantó recientemente la orden de evacuación la radiactividad "supera en 100 veces el máximo recomendado a nivel internacional", lo que conlleva "un riesgo significativo" para la población.

En su informe anual sobre la situación de Fukushima, que incluye datos basados en sus propias mediciones sobre el terreno, la organización ecologista y antinuclear afirma que el Gobierno nipón ofrece "información engañosa" sobre los niveles de radiación y trata de dar "una falsa imagen de vuelta a la normalidad".

Otros datos recogidos por la ONG Japan Platform muestran que los niveles de elementos radiactivos detectados en alimentos procedentes de Fukushima o en muestras de suelo de la zona son significativamente mayores que los de otras regiones niponas, aunque se sitúan dentro de los límites considerados seguros para el consumo.

El estigma nuclear que pesa sobre la región hace que muchos de sus habitantes sean reticentes a regresar -todas las localidades afectadas han sufrido una notable pérdida de población-, sobre todo cuando se trata de desplazados con hijos.

Noriko Tanaka, oriunda de la ciudad de Iwaki (a unos 50 km de la central) quien volvió a su hogar tras levantarse la orden de evacuación, explicó en un encuentro con periodistas que no permite a sus hijos beber leche en la escuela ni bañarse en la playa local "porque no sabe si son seguros". 

Junto a la limpieza de residuos nucleares y el retorno de los desplazados, el Gobierno nipón tiene por delante el reto de desmantelar la planta de Fukushima, un proceso que se estima que se prolongará al menos 30 años y cuyo coste podría ascender a 20 billones de yenes (160.222 millones de euros).

El Ejecutivo y la operadora de la planta tienen ahora que diseñar un plan para extraer el combustible fundido del interior de los reactores, el primer paso en el proceso de desmantelamiento y que entraña una enorme complejidad técnica debido a los niveles de radiación extremos dentro de las instalaciones.