A prisión por explotar sexualmente a una joven nigeriana en Huelva

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a B.A., un hombre de nacionalidad nigeriana, a siete años de cárcel por obligar a prostituirse a una joven compatriota a la que había captado en su país y traído a España para tal fin.

Esta persona es considerada, según ha informado la Fiscalía de Huelva en un comunicado, responsable de un delito de trata de seres humanos, por el que le impone la pena de 5 años de prisión y de un un delito de explotación sexual en su modalidad de prostitución coactiva por el que le impone 2 años de cárcel.

Asimismo, le impone la pena de prohibición de comunicación y alejamiento respecto de la víctima y una indemnización a la misma de 25.000 euros por los perjuicios económicos y otra de 12.000 euros por los perjuicios morales.

El relato de hechos probados de la sentencia establece que la víctima, de nacionalidad nigeriana, fue captada en su país de origen, siéndole practicado el ritual conocido como vudú y trasladada a España tras pasar por países como Libia e Italia, para lo que se hizo uso de documentación falsa.

Una vez en España la joven quedó sometida al acusado, quien le impuso de forma coactiva la obligación de ejercer la prostitución en la ciudad de Huelva para pagarle la cantidad de 30.000 euros como "precio de rescate" siendo la víctima objeto de amenazas sobre su familia.

El caso se inició como consecuencia de una llamada ciudadana al Teléfono Contra la Trata (900 10 50 90) y fue objeto de una exhaustiva y eficaz investigación por la UCRIF (Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía, quien además ejerció desde el primer momento labores de tutela y protección de la víctima quien fue acompañada durante todo el proceso por personal especializado de una ONG.

Es la primera sentencia dictada en Huelva en materia de trata de seres humanos y por la Fiscalía Provincial de Huelva se valora como "una manifestación exitosa de la creciente presión institucional ejercida por todos los poderes públicos y colectivos implicados contra esta forma degradante de criminalidad".