Los juzgados de Primera Instancia de Málaga han acordado hasta ahora devolver a compradores de viviendas no entregadas por promotoras una cifra global de 8,2 millones de euros, tras estimar las correspondientes demandas presentadas por los clientes para reclamar a las entidades bancarias las cantidades entregada como anticipos. Así lo ha asegurado el letrado Carlos Cómitre, de Ley 57 Abogados, que junto a otros despachos unidos en la plataforma SOS Viviendas, han presentado en los últimos años más de 300 demandas contra las entidades bancarias depositarias de dichos anticipos ingresados en cuentas de las promotoras para la compra de inmuebles, que finalmente no fueron entregados o ni siquiera construidos.
Los afectados han visto en los últimos meses una salida a la pesadilla iniciada tras la crisis del ladrillo que dejó a miles de familias sin piso y sin dinero, con especial impacto en la Costa del Sol y otras áreas turísticasEstos juzgados, en aproximadamente 150 sentencias dictadas en los últimos meses, aplican la doctrina asentada por el Tribunal Supremo “a favor de quienes se vieron envueltos en compras de pisos que no llegaron a construirse o entregarse”, según ha explicado a Europa Press, apuntando que se trata de compradores de viviendas proyectadas por grandes promotoras, entre ellas Aifos.
De esa cantidad global de 8,2 millones de euros -suma de los distintos fallos de las sentencias conseguidas por la plataforma SOS Vivienda-, 2,7 millones de euros ya han sido entregados a unas 70 familias tras haber ganado los procedimientos judiciales iniciados ante esta situación. El letrado ha indicado que de esta forma los afectados “han visto en los últimos meses una salida a la pesadilla iniciada tras la crisis del ladrillo que dejó a miles de familias sin piso y sin dinero, con especial impacto en la Costa del Sol y otras áreas turísticas”.
Esta plataforma tiene todavía un importe semejante a los 8,2 millones de euros pendiente de resolución en los juzgados “y cada día se suman más afectados a la iniciativa”, ha señalado, según la doctrina dictada por el Tribunal Supremo, “este tipo de acciones prescribiría en octubre de 2020, por lo cual el tiempo comienza a premiar a los afectados que todavía no se han decidido a reclamar”.
Según los cálculos de esta plataforma “en España puede haber hasta 50.000 familias afectadas por promociones sin entregar, de las cuales apenas el 50 por ciento habrá reclamado hasta la fecha”. “El resto no lo ha hecho todavía por temor o desconocimiento, debiendo de explicarse que más del 95 por ciento de las sentencias son favorables al consumidor”, han manifestado.
Cómitre ha advertido, asimismo, de que “pese a que todavía hay miles de afectados por la anterior crisis, hemos detectado que en las promociones actuales se vuelve a incurrir en los mismos viejos errores que nos han obligado ya a demandar a las nuevas promotoras por falta de garantías en las compraventas sobre plano”.
Por eso, desde la plataforma se recomienda a los nuevos compradores “que cuenten con profesionales expertos en la materia para proteger la operación de compra más importante de la vida de un consumidor medio”
