El TSJA anula la autorización de funcionamiento de la mina de Riotinto

 El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la resolución de 23 de enero del 2015 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de autorización de reinicio de los trabajos y del plan de restauración en la mina de Riotinto (Huelva), promovida entonces por Emed Tartessus, actualmente Atalaya Riotinto Minera.

Lo ha hecho la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo en una sentencia, contra la que cabe recurso, que estima la demanda de Ecologistas en Acción y es consecuencia directa de la que dictó el Tribunal Supremo el pasado 21 de marzo del 2019, que confirmó la anulación de la autorización ambiental unificada de 27 de marzo del 2014 del proyecto de explotación.

La sentencia, según ha informado en un comunicado la asociación ecologista, subraya que la Ley de Gestión de la Calidad Ambiental (Ley GICA) dispone que “las actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental no podrán ser objeto de Licencia Municipal de funcionamiento de la actividad, autorización sustantiva o ejecución sin la previa resolución del correspondiente procedimiento regulado en esta Ley”.

Precisamente de ese precepto legal resulta que “para poder otorgarse la autorización de reinicio de los trabajos mineros (que se recurre en el presente recurso) es necesaria la previa autorización ambiental unificada, al haberse anulado la misma por sentencia firme por defectos en su tramitación", se carece de dicho permiso, han apuntado desde Ecologistas.

Durante toda la tramitación y desde su puesta en marcha en el 2015, Ecologistas en Acción siempre ha puesto en duda que el Proyecto Riotinto pueda garantizar la seguridad de sus grandes presas de lodos durante los diez años de vida útil permitidos por la anulada autorización.

Las primeras presas de Gossan-Cobre fueron construidas en los años 1969-1972, una vez que se colmató la presa de Gossan se diseñó en 1987 la presa de Aguzadera, que a su vez se modificó en 1995. Todas ellas quedaron abandonadas en 2001. Desde 2015 se están reutilizando las balsas por Atalaya Riotinto Minera, para almacenar los nuevos residuos mineros de la producción minera reiniciada, y se han ejecutado recrecimientos y modificaciones de las balsas de Cobre y Aguzadera, incumpliendo las propias condiciones que se establecían en la AAU anulada, poniéndolas en grave riesgo de rotura.

En noviembre de 2018 el Gobierno de Susana Díaz autorizó una modificación de la autorización ambiental para disminuir el contenido en sólidos de los lodos, desde el 50 % hasta el 35 %, legalizando una práctica que ya estaba realizando la empresa sin permiso, y poniendo en serio peligro la estabilidad de las balsas, han concluido.