Varias juntas provinciales de jueces celebradas en los últimos días han expresado ya su apoyo a esta medida de presión, que no secundarán las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente. Desde el Gobierno, el mensaje no ha variado en los últimos meses: no hay razones para la huelga y será la APM la que tenga que explicar a la sociedad por qué la ha promovido.
Esta asociación no secundó la primera huelga celebrada el pasado 18 de febrero, decidió en junio convocar el paro del próximo jueves por considerar insuficientes los resultados logrados en las negociaciones con el Gobierno.
Desde entonces ha mantenido su intención tras las reuniones celebradas con el Ministerio de Justicia y, especialmente, tras la aprobación del “proyecto estrella” de este departamento: el Plan de Modernización de la Justicia, que considera “claramente inadmisible”.
El Plan de Modernización, con una vigencia de tres años, prevé la inversión de 600 millones de euros, la creación de 600 nuevas unidades judiciales y la instauración de los llamados “jueces de adscripción territorial”, magistrados profesionales que asumirán las necesidades de sustitución y suplencia.
“Un fogonazo adecuado para eliminar instantáneamente las sombras que amenazan la coyuntura política, pero absolutamente incapaz de alumbrar la desesperación ciudadana y judicial que llevó al actual proceso reivindicativo”. Es lo que la APM opina de este plan.
Antonio García, portavoz de la APM, considera que la inversión es escasa y que deberían haber adoptado ya medidas de choque “para aliviar una situación que todo el mundo califica de insostenible e insoportable” ya que “una cosa es trazar un programa para reformar la Justicia a tres años y otra adoptar desde ya medidas que son necesarias” para tapar las actuales carencias.
