Se trata de la segunda huelga que vivirá la carrera judicial en su historia y sólo ocho meses después de la que se desarrolló el pasado 18 de febrero, convocada entonces por otras dos asociaciones: la Francisco de Vitoria, segunda en número de asociados, y el Foro Judicial Independiente.
Al igual que ocurrió entonces, para la jornada de paro no se han fijado servicios mínimos ya que, según el Consejo General del Poder Judicial, el ejercicio del “hipotético” derecho de huelga de jueces y magistrados carece actualmente de soporte normativo.
La primera huelga de jueces fue secundado por un 35,58% de los magistrados en ejercicio, según los datos del CGPJ, cifra que los convocantes, que consideraron un éxito la jornada, elevaron al 60%.
Casi la mitad de los miembros de la carrera judicial están asociados y, de ellos, unos 1.200 pertenecen a la APM, asociación que decidió en junio convocar el paro por considerar insuficientes los resultados logrados en las negociaciones con el Gobierno.
Junto a la APM, más de una decena de juntas provinciales de jueces han expresado su apoyo a esta medida, entre ellas Málaga, Valencia, Castellón, Las Palmas, Ibiza, Zamora, Toledo, Murcia, Albacete, Guadalajara, A Coruña, Ourense y Zaragoza.
