En la provincia de Cádiz hay 108.899 personas discapacitadas reconocidas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. De ellas, 58.333 son hombres y 50.566 mujeres; 3.671 son personas discapacitadas con edades comprendidas entre los cero y los 15 años; 61.274, de 16 a 64 años, mientras que con más de 65 años contabilizan 43.954.
De esas 108.899 gaditanos, un total de 46.383 tienen discapacidad física; 20.254, psíquica; 11.103, sensorial, y 31.168 mixta. 66.956 tienen un grado de discapacidad entre el 33 y el 64 por ciento; 24.069, del 65 al 74 por ciento, mientras que 17.874 es del 75 al cien por cien de discapacidad.
Este 3 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es una fecha que tiene como objetivo sensibilizar, concienciar y llamar la atención sobre los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad.
Acabar con la “invisibilidad” de la persona discapacitada, promover la concienciación ciudadana, avanzar en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y lograr su normalización social, con especial atención a la laboral. Estas son algunas de las reivindicaciones de las asociaciones en defensa de personas discapacitadas, aunque el listado es más amplio y se podría resumir en lograr para este colectivo los mismos derechos y las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía y en el que ninguna persona se sienta discriminada por tener una discapacidad física, intelectual o sensorial.
La provincia de Cádiz es pionera en el trabajo en pro del discapacitado. En 1968 se inauguró en Algeciras el Centro de Educación Especial Virgen de la Esperanza, para discapacitados psíquicos. Fue un hito en la educación especial en Andalucía. Luego llegarían más.
El primer director de este centro fue Juan Antonio Palacios Escobar, maestro, pedagogo terapeuta, profesor en Técnicas de Expresión y Comunicación, psicólogo y psicomotricista. Es uno de los históricos de la Educación Especial en Andalucía. Miembro fundador de AEDES (Asociación Española para la Educación Especial) resalta los avances que se han logrado en las últimas décadas, pero no tiene reparos en asegurar que aún queda mucho por hacer y habla de la necesidad de ampliar los recursos en educación, la integración en todos los ámbitos, atención sanitaria y social. Para Palacios Escobar, el camino es poner los mecanismos para lograr que el discapacitado sea un ciudadano lo más eficiente posible, lo más autónomo dentro de sus posibilidades y respetando la idiosincrasia de cada individuo.
Para él, la labor de una generación de profesionales que surguieron a finales de los sesenta y principios de los setenta fue clave en el trabajo a favor de la normalización del discapacitado y su integración en la sociedad. Y no olvida el surgimiento del movimiento asociativo, de padres y madres que se movilizaron para exigir recursos a las administraciones para sus hijos deficientes.
Francisco Márquez es el presidente de FEGADI, entidad social que defiende los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica de la provincia de Cádiz y representa a 35 asociaciones. En 2018, un total de 8.275 personas con discapacidad física y orgánica de la provincia se han beneficiado de forma directa de los diferentes programas y servicios de FEGADI COCEMFE, a las que se le ha de sumar otras 6.639 que de forma indirecta han recibido la acción de la Federación. En total 14.914 personas de la provincia de Cádiz.
La entidad se constituyó en 1986 y desde entonces, según asegura Márquez, en España se ha avanzado mucho para la integración del discapacitado, “pero queda también mucho por hacer”. Aplaude las iniciativas legislativas que se están dando a favor del discapacitado, pero apunta que de poco vale si luego no se aplican por falta de presupuesto y es ahí donde a su entender está el principal problema.
Márquez asegura que el discapacitado lo único que pide es que se respeten sus derechos como a otra persona más y entiende que una integración pasa por facilitar más el acceso laboral. “El empleo es fundamental para acceder a la normalidad”, asegura.
Upacesur tiene ya cuatro décadas de experiencia. Se trata de una federación que agrupa a organizaciones dedicadas a la atención integral de personas con discapacidad, especialmente las afectadas de parálisis cerebral y trastornos afines.
Upacesur tiene su sede central en Jerez, pero también está en San Fernando, Chipiona, Sanlúcar, Rota, Trebujena, entre otras localidades en la provincia, donde atendió en 2018 a más de 600 personas, y algo menos de la mitad, 250, eran niños menores de seis años.
Su director general es Rafael Márquez y aunque admite que desde la constitución de la federación hasta la actualidad se ha avanzado, agrega que el trabajo no ha terminado. Mejores políticas públicas, el reconocimiento efectivo de la diversidad de las personas con discapacidad o el acceso real a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencia y otros servicios de apoyo, son algunas de las reclamaciones del colectivo. Asegura que el papel desempeñado por los colectivos sociales ha sido clave para las mejoras que se han producido en las últimas décadas.
Entiende que la integración laboral es clave para el discapacitado. “De nuestros centros ocupacionales han salido jóvenes que han accedido a un empleo, donde han conocido a su pareja y se han casado y han formado una familia como cualquier persona, dentro de sus limitaciones, pero no son pocos los que lleva una vida independiente”.
En el Campo de Gibraltar está Apadis Bahía de Algeciras, una entidad que se constituyó en 1967 como Asociación de padres de deficientes psíquicos. Estos padres se unieron para construir un centro donde sus hijos pudiesen acudir tras la educación obligatoria con un objetivo general la preparación para la integración laboral y social según sus habilidades individuales, así se creó el Centro Ocupacional “Punta Europa”. María del Carmen Portillo es su gerente, quien también lamenta la invisibilidad que los capacitados sufren por parte de gran parte de la sociedad. “Es cierto que aún somos una minoría invisible porque la sociedad desconoce la mayoría de nuestras reclamaciones, pero también hay que decir que cada día estamos más preparados para hacerlas visibles”, asegura.
La formación ocupaciones es uno de los pilares claves en el trabajo de esta entidad.
