La Policía Nacional ha liberado en una localidad de la provincia de Córdoba a tres chicas, una de ellas menor de edad, que estaban secuestradas y obligadas a ejercer la prostitución, actuación que se ha saldado con la detención de dos hombres como presuntos autores de los delitos de secuestro, detención ilegal, trata de personas, corrupción de menores y explotación sexual.
Según concreta en una nota de prensa el cuerpo policial, todo comenzó con una comunicación de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional de Colombia el día 18 de este mes, que solicitaba la cooperación de España para la localización y liberación de una ciudadana colombiana, quien podría estar secuestrada.
La víctima había viajado a nuestro país con la promesa de trabajar en un salón de belleza, pero al llegar a España le comunicaron que debía prostituirse. Si se negaba, debía abonar 3.300 euros para cancelar la deuda contraída con los proxenetas al tiempo que permanecía retenida en un inmueble. Para saldar dicha deuda, los secuestradores solicitaron esa cantidad a los familiares de la chica.
La mujer, en un momento de descuido de sus captores, pudo comunicar con sus familiares en Colombia y mandarles fotografías desde la ventana del lugar donde se encontraba privada de libertad. Rápidamente se iniciaron las indagaciones para identificar el lugar desde el que se pudo enviar esa solicitud de auxilio. De este modo, la Policía Nacional averiguó que la mujer se encontraba en una localidad próxima a Córdoba, por lo que se activó al negociador de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Córdoba y se establecieron de forma inmediata las medidas de vigilancia en la zona para liberar a la secuestrada.
Los investigadores consiguieron centrar el inmueble en el que podría encontrarse retenida la mujer, muy próximo a un local de alterne. Cuando accedieron al interior del piso, localizaron y liberaron a tres mujeres que se encontraban retenidas y detuvieron a dos hombres como presuntos autores de los delitos de secuestro, detención ilegal, trata de personas, corrupción de menores y explotación sexual.
En el registro del inmueble se intervinieron más de 1.000 euros en efectivo, 600 dólares, varios teléfonos móviles, un ordenador y una hoja firmada con la impresión dactilar, a nombre de la víctima, donde se comprometía a pagar una deuda de 3.300 euros en concepto de préstamo por tickets, transportes, alojamiento, alimentación, seguridad y otros efectos.
