La Guardia Civil ha abierto expediente contra cuatro agentes por una protesta el 3 de marzo convocada por Jusapol frente al Congreso a la que se sumaron en solidaridad varios diputados de Vox, según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado. Se trata de expedientes aún en trámite de instrucción, por lo que no se ha determinado si habrá propuesta de sanción o no.
Además, el Gobierno ha informado en una respuesta parlamentaria de que ha sancionado a 41 agentes al ser preguntado por "disfunciones" en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza', antes de que entrara en vigor el estado de alarma por el coronavirus. En el caso de la Policía no constan expedientes en este sentido.
Jusapol, la plataforma que pide una "equiparación real" al parecerle insuficientes los 807 millones destinados en tres años para Guardia Civil y Policía, ha anunciado en su cuenta de Twitter que sus servicios jurídicos trabajan ya para "plantar cara a unos expedientes que creen que carecen de sentido".
Se refieren en concreto a los abiertos después de que miembros del colectivo se fotografiaran con diputados de Vox como Macarena Olona el 3 de marzo a las puertas del Congreso. Ese día dirigentes de este partido y también de Ciudadanos respaldaron la protesta contra el veto de una Iniciativa Legislativa Popular sobre la equiparación salarial con policías autonómicas.
En la protesta de Jusapol se vivieron momentos de tensión con el cordón policial y se lanzaron consignas pidiendo la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Algunos manifestantes cubrieron su rostros con caretas y también usaron botes de humos y silbatos mientras cortaban el tráfico en la Carrera de San Jerónimo.
Al margen de estas sanciones, el Gobierno ha informado en una respuesta parlamentaria del 4 de junio, consultada por Europa Press, que se ha sancionado a 41 agentes de la Guardia Civil. Respondía a EH Bildu sobre el número de "casos excepcionales de disfunción" que han desembocado en una investigación interna y un expediente disciplinario en relación con la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.
La conocida como 'ley mordaza' es la que se ha utilizado desde que se decretó el estado de alarma para tramitar más de un millón de propuestas de sanción contra infracciones de las limitaciones a la movilidad establecidas en el real decreto desde el 14 de marzo. Según explica el Gobierno, desde ese día consta la instrucción de 70 expedientes disciplinarios: siete por falta muy grave, 31 por falta grave y 32 por falta leve.
El Ejecutivo, no obstante, explica en la respuesta al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu que "todos son por conductas o hechos acaecidos antes de la implantación del estado de alarma, concluyéndose los mismos durante dicho periodo, habiendo sido sancionados 41 agentes".
NO HAY EXPEDIENTES EN LA POLICÍA
En la respuesta se añade que aparte de estos expedientes existen "al menos otros dos en la Guardia Civil en fase de tramitación por falta muy grave por hechos acaecidos con fecha posterior al 14 de marzo de 2020. En este sentido, se especifica que se han producido "30 quejas por actos de servicio, cuya tramitación está en curso y que no tienen por qué terminar en expediente disciplinario forzosamente".
En lo que respecta a la Dirección General de la Policía, en la respuesta parlamentaria se menciona que existen cuatro investigaciones internas que se encuentran en curso. "Las mismas estarían relacionadas con actuaciones presuntamente irregulares ante supuestos casos de infracción de las normas de confinamiento por parte de ciudadanos", apunta el texto.
"No se tiene conocimiento de ningún tipo de sanción por falta leve, grave o muy grave que pudieran estar relacionada con actuaciones incorrectas de funcionarios policiales con la ciudadanía, durante el estado de alarma", concluye la respuesta con fecha de 4 de junio.
