El Partido Popular de Chiclana lleva una moción al próximo pleno ordinario para recabar el apoyo de la Corporación municipal con la idea de instar al Gobierno de España a modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera “para que la regla de gasto permita a las Administraciones Públicas abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos, permitiendo destinar a los ayuntamientos la utilidad del 100% del superávit”.
En la propuesta también se propone solicitar un compromiso por escrito del Gobierno de España de PSOE y Unidas Podemos para que no sustraiga el superávit acumulado de los ayuntamientos españoles, de manera que estos recursos puedan ser destinados a medidas enfocadas a la ayuda de la economía local, tanto de las familias como de las empresas.
La formación popular también plantea dar cumplimiento a los acuerdos por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para establecer una colaboración en la recuperación de los sectores económicos y sociales apoyando las actuaciones consensuadas junto al Gobierno de España y otras Administraciones Públicas, además de dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Hacienda, al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y al Senado.
Según subraya el PP de Chiclana, “el Covid-19 nos ha hecho modificar no sólo nuestros hábitos cotidianos si no nuestro modo de entender la sociedad. Cualquier persona puede entender que ésta Pandemia mundial nos va a llevar a una crisis socio-económica sin precedentes y los datos auguran que así será”.
Por este motivo, considera fundamental que “el Gobierno de España debe de hacer posible que los Ayuntamientos dispongan de todos los recursos económicos para hacer frente a la crisis provocada por el Covid-19”.
En este sentido, destaca que “mediante el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el Gobierno autorizó a las entidades locales para la movilización del 20% del superávit acumulado para medidas de refuerzo ante la crisis. Este ahorro de los municipios viene de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 y podría superar los 11.000 millones de euros. Sin embargo, y asumiendo el contexto actual, este Real Decreto-Ley deja muchas dudas sobre el destino del superávit de 2019 de los Ayuntamientos”.
Para los populares, dicho montante “se puede destinar a gastos sociales asociados al COVID el 20% del remanente de superávit una vez cumplidas las obligaciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Sin embargo, y de acuerdo con el documento emitido por la FEMP, la disponibilidad para la aplicación del 20% del superávit asociado a la lucha contra el COVID no es suficiente, de manera que es necesaria una flexibilización de la regla de gasto”.
Asimismo, la formación popular manifiesta que “el temor añadido de muchos consistorios españoles es que el Gobierno de PSOE u Unidas Podemos pretenda hacerse con este dinero y no dejar a los ayuntamientos disponer de él. Tanto es así que 15 de las ciudades más importantes de España han hecho un frente contra la intervención de sus ahorros por parte del Gobierno Central. Ciudades donde gobiernan todos los colores políticos como son: Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas, Bilbao, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo y Gijón”.
