Aplazado hasta noviembre el juicio a López Ródenas por gastos en taxis

La Audiencia de Granada ha decidido este jueves aplazar hasta noviembre el juicio por supuestas prevaricación y malversación contra el exalcalde de Castril (Granada) José Juan López Ródenas (PSOE), que se enfrenta a una petición de cuatro años y medio de cárcel acusado de gastar más de 47.200 euros en taxis.

El propio procesado ha informado a Efe de que el motivo de la suspensión de la vista oral, que finalmente se ha fijado para los próximos 4 y 5 de noviembre, ha sido la reciente aportación de documentación relacionada con el caso que, dada su extensión, las partes deberán analizar con un margen de tiempo suficiente.

López Ródenas, que ha negado los delitos de los que se le acusa, ha explicado que esta documentación "desmontaría" buena parte de la acusación y podría sostener que los desplazamientos estaban debidamente justificados y no se limitaban a él sino a otros transportes autorizados por el Ayuntamiento.

"¿Cómo se puede malversar con algo que está aprobado?", se ha preguntado el exregidor, quien ha celebrado además que del caso se vaya a encargar una nueva fiscal.

Según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público, al que tuvo acceso Efe, los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2008 y 2011 cuando el acusado era alcalde de Castril.

"Abusando" de esa condición, y según la Fiscalía consciente de la ilegalidad de los hechos, el entonces regidor ordenó pagar al mismo taxista decenas de viajes a diferentes destinos pese a ser "en su mayoría" de carácter privado.

Según la acusación pública, ninguno de estos desplazamientos generó una factura superior a los 4.000 euros pero sí supusieron un gasto total pagado con dinero público de más de 47.000 euros.

Entre los destinos que figuras en las facturas, el que fue alcalde viajó a Orce, Guadix, Granada, Murcia, Madrid, Badajoz o San Javier.

Pese a la falta de justificación de estos viajes, el Ayuntamiento de Castril abonó el importe de las facturas, con el consecuente daño al interés público.

La Fiscalía ha calificado de forma provisional los hechos como un delito continuado de prevaricación y un segundo delito también continuado de malversación y solicita una pena de cuatro años y medio de cárcel y otros ocho de inhabilitación para cargo público.