Detienen a once militares y policías retirados por ejecuciones en Guatemala

Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron este jueves a 11 militares y policías retirados por su presunta participación en el secuestro, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y otros delitos contra al menos 183 personas consideradas opositoras políticas entre 1983 y 1985.

La investigación corrió a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, que solicitó la aprehensión de los supuestos implicados en los vejámenes y asesinato de las más de 183 personas consideradas enemigas internas de Guatemala y cuyos perfiles aparecieron en un documento de inteligencia castrense desclasificado por EE.UU. en 1999 llamado "Diario Militar" o "Dossier de la Muerte".

La Fiscalía y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron este jueves 17 allanamientos para ejecutar las 11 órdenes de aprehensión en contra de los sindicados, entre quienes figuran el general retirado Marco Antonio González Taracena, que dirigió la red de inteligencia clandestina del Estado Mayor Presidencial, conocida como "El Archivo", según precisó a Efe una fuente interna de la investigación.

Además del general González Taracena, fueron aprehendidos sus exsubalternos militares y especialistas del Estado Mayor Presidencial Edgar Corado Samayoa, Enrique Cifuentes de la Cruz, Eliseo Barrios Soto, Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth y Rone Rene Lara.

Asimismo, fueron detenidos los exespecialistas de la Dirección de Inteligencia militar José Daniel Monterroso Villagrán y Edgar Virgilio de León Sigüenza y el excomandante de la zona militar del departamento de Chimaltenango, Víctor Augusto Vásquez Echeverría.

También fue detenido el primer jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) -especializado en la contrainsurgencia policial- Gustavo Adolfo Oliva Blanco y el primer jefe de la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía, Juan Francisco Cifuentes Cano, ambos integrantes de la extinta Policía Nacional, reformada al concluir el conflicto armado interno en 1996, cuando pasó a ser la actual PNC.

EL "DOSSIER DE LA MUERTE"

La Fiscalía apuntó en un comunicado de prensa que la investigación del denominado "Diario Militar" relaciona "en forma cronológica cómo fuerzas de seguridad del Estado entre los años 1983 a 1985, secuestraron, trasladaron a centros clandestinos de detención, torturaron, violentaron sexualmente y ejecutaron a más de 183 personas consideradas enemigas internas con base en manuales y planes militares".

El documento desclasificado por el Archivo de Seguridad Nacional (NSA, en inglés), consta de "73 hojas tamaño oficio distribuidas en seis secciones: las primeras cinco contienen información sobre la organización de archivos de inteligencia, con listas de cateos efectuados a diferentes casas y organizaciones de DD.HH", indicó la Fiscalía.

El sexto folio "consta de un registro pormenorizado de 183 personas sometidas a diversos actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, y en algunos casos ejecución extrajudicial". En algunos casos, debajo o a un costado de la fotografía de los perseguidos se indicaba en códigos internos que había sido eliminado.

Los restos de dos de los opositores fichados en el documento, el sindicalista Armancio Samuel Villatoro y el estudiante de ingeniería Sergio Saúl LInares Morales, fueron identificados por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala en 2011, con pruebas de ADN a los restos óseos y a sus familiares sobrevivientes.

Los once implicados en el caso "Diario Militar" son señalados de delitos contra deberes de humanidad, asesinato, asesinato en grado de tentativa y desaparición forzada, situación que le hizo saber este jueves en audiencia a los implicados en juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo "B".

Gálvez indicó que la audiencia de primera declaración de los militares y policías retirados se desarrollará el próximo martes 1 de junio.

El conflicto armado interno, que enfrentó a la guerrilla y el Ejército guatemalteco entre 1960 y 1996, dejó un saldo de 200.000 víctimas y 45.000 desaparecidos, con más del 90 % de los casos atribuidos al Estado y sus estructuras paralelas, según un informe independiente auspiciado por la Organización de Naciones Unidas.