Esta semana hemos asistido a un nuevo espectáculo antidemocrático cuando el gobierno ha prohibido en Ceuta un mitin político de un partido de la oposición que es constitucional y que además fue el más votado por los ceutíes en las últimas elecciones generales al parlamento de Madrid. En este caso nuestros gobernantes también contaron con el apoyo manifiesto del resto de los partidos del parlamento autonómico (los mismos que con tal de gobernar se aliaron entre ellos) acusando al partido agredido de haber provocado la situación.
Además los medios de comunicación convirtieron en un enfrentamiento lo que fue un ataque, como ya hicieron con otro mitin durante la campaña electoral de Madrid. Una total manipulación democrática que en Europa ven con preocupación, pero que como siempre cuenta innumerables ciudadanos que se han puesto de parte del gobierno (sobre todo fuera de Ceuta).
También han continuado los ataques a la recién electa presidenta de la Comunidad de Madrid, sin que quienes los hacen hayan examinado las posiciones que les llevaron a una derrota estrepitosa.
Es probable que el denominado “efecto Ayuso” se termine extendiendo por toda España y si hubiera nuevas elecciones generales ocasionaría un gran vuelco electoral.
Pero claro todos sabemos que a nuestro gobierno no lo echan ni con agua caliente. En cuanto a la liberación de los independentistas presos en Cataluña planeada por el gobierno con la ridícula excusa de que la justicia no es una venganza según la Constitución. El tribunal supremo se ha opuesto tajantemente, aunque el gobierno seguramente se atreva a hacerlo de todas formas ya que le deben su poder en el Parlamento a los votos de los partidos independentistas.
A ver cómo se desarrolla este nuevo episodio de despotismo político. Los ciudadanos que no se han plegado a los dictados del gobierno, además del poder de sus votos, pueden hacer más cosas – por supuesto todas legales – para quitar de en medio a tanto político de pacotilla y no me refiero dolo a denuncia en los juzgados, que también.
Resulta que cualquier alto cargo que mienta en su currículo al publicarlo un Ministerio incurriría en una falta grave tipificada en la legislación de la Administración Pública que le conduciría a su expulsión del cargo. Pues bien, estas dos últimas semanas cientos de ciudadanos anónimos han solicitado al Portal de Transparencia del Ministerio de Trabajo los datos del currículo de la ministra Yolanda Díaz, ante la sospecha fundada de que miente en los tres másteres que dice haber realizado.
La reacción en las redes sociales ha sido furibunda y de momento la ministra se ha dado de baja. Esto me recuerda al caso de Al Capone que cayó por delitos de hacienda y no por sus crímenes. En un mes el Ministerio tendrá que contestar. Fuerza y salud.
