La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el exvicepresidente tercero de la Diputación Provincial de Almería Óscar Liria tras su presunta implicación en el caso que investiga la supuesta adquisición irregular mascarillas y otro material sanitario frente a la covid-19 mediante un contrato de más de dos millones de euros.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la magistrada mantiene abierto el procedimiento delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, contra la administración pública, lo que ha dado lugar a 13 detenidos desde el pasado martes a los que se ha tomado declaración entre este jueves y la madrugada del viernes.
Además, en el marco de la operación 'Lúa' desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han practicado entradas y registros, los últimos de ellos en Valencia, aunque también en otras provincias como Barcelona, Gerona, Murcia y Palma de Mallorca. En el caso de Almería, la actuación policial se practicó en la vivienda del diputado provincial y en dependencias de la Diputación.
Junto con Liria, otros dos de los detenidos han ingresado también en prisión por orden de la juez, si bien fue para los únicos que la Fiscalía solicitó prisión. Los otros diez detenidos han quedado en libertad con medidas cautelares de retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio y comparecencias quincenales en el juzgado.
Tras conocerse la operación de la UCO que salpicaba a Liria, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, comunicó que lo cesaba de sus funciones de vicepresidente tercero y diputado delegado de Fomento, Medio Ambiente y Agua.
En la mañana de este mismo viernes que ha convocado un pleno extraordinario y urgente para dar cuenta del requerimiento del juzgado, su cumplimiento y la reestructuración que ha llevado a cabo de su equipo de gobierno.
COMISIONES EN UNA INVESTIGACIÓN INICIADA EN 2020
Según un comunicado de la Guardia Civil, la investigación se inició a principios del año 2020, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal afincada en Cataluña y dedicada al tráfico de drogas, "a la cual está vinculado un empresario residente en Barcelona, que sería el beneficiario de las adjudicaciones investigadas".
"Las pesquisas se centran principalmente en la adjudicación, en plena crisis el covid-19, de un contrato de suministro de material sanitario por parte de la Diputación de Almería a una de las empresas del citado empresario, adjudicación a cambio de la que se habrían pagado comisiones a un cargo público", añadió el Instituto Armado.
La Guardia Civil subrayó que se trata de la "primera vez que se detecta un caso de adjudicaciones irregulares para la adquisición de material sanitario con motivo del covid-19". Fuentes de la investigación apuntan que el contrato tiene un valor aproximado de dos millones de euros.
La operación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona, junto con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Cuenta también con el apoyo de EUROPOL para llevar a cabo una veintena de registros domiciliarios y de sedes sociales, así como diferentes requerimientos de información a sociedades relacionadas con la investigación.
Los agentes tenían el mandato de bloquear e intervenir diferentes productos bancarios y bienes muebles e inmuebles dentro de un amplio despliegue requerido para la operación policial, bautizada como 'operación Lúa'.
