El Partido Popular busca respaldo en el resto de grupos políticos que forman la Corporación municipal para instar al Gobierno de la nación a condonar la deuda generada por la liquidación negativa de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE) del 2020 para paliar las “graves consecuencias” que tendrá sobre los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells en el año 2022.
Por tal motivo, ha presentado una moción de urgencia al próximo pleno ordinario, que se celebra este jueves.
La propuesta popular contempla igualmente, por si esta medida no se pusiera en marcha, exigir al Gobierno central que aplace dos años la devolución de dicha deuda y posibilite el fraccionamiento del pago de la misma en 120 mensualidades (10 años) -ampliables otros 120 meses más en caso de que existan problemas de liquidez- como ya se hizo en 2012 con las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009.
La presidenta del Partido Popular, Ascensión Hita, defiende que “es un hecho que el Gobierno de España ha abandonado a las entidades locales en su lucha contra la pandemia. Desde que comenzó la crisis provocada por el COVID-19, ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han atendido las peticiones de los 8.183 ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells insulares españoles que, desde el mes de marzo de 2020 y adelantándose en muchos casos el gobierno de España, han puesto en marcha medidas para evitar la propagación del virus, atender a sus vecinos más vulnerables y sentar las bases de la recuperación económica y social tras la pandemia”.
La portavoz popular en el Ayuntamiento de Chiclana expone que “Sánchez y Montero han incumplido su compromiso de habilitar un fondo COVID de, al menos, 3.000 millones de euros para apoyar a la administración local en su lucha contra la pandemia. Lo único que han habilitado es un fondo para paliar el déficit de los servicios de transporte públicos locales que además de ser totalmente insuficiente, al representar solo una cuarta parte de los 1.725 millones que todas las entidades locales españolas reclamaban al gobierno de España, todavía no se ha hecho efectivo”.
Además, el Partido Popular subraya que “el gobierno de Sánchez y Montero ha reducido la participación de la administración local en la gestión de los fondos de recuperación europeos a un mísero 1%, 1.483 millones de euros, de los 140.000 millones que recibirá España. Un porcentaje que queda muy lejos del 14,6% que representa el gasto público local sobre el gasto público total español”.
Asimismo, Hita recuerda que “trató de apropiarse de los ahorros de las entidades locales y sigue sin devolver los más de 700 millones de euros que adeuda a las entidades locales en concepto de entregas a cuenta de la recaudación del IVA del año 2017. Por si todo este ninguneo y abandono no fuese suficiente, al haberse actualizado en 2020 las entregas a cuenta que reciben las entidades locales por la participación en tributos del estado (PIE) conforme al crecimiento previsto de la economía y no al crecimiento real, las entidades locales han contraído de manera automática- y sin ninguna responsabilidad por su parte- una deuda de 3.000 millones de euros con el gobierno de España derivada de una liquidación negativa de la participación en tributos del estado del año 2020”.
En este sentido, el PP defiende que “aunque la ministra de Hacienda y el presidente del Gobierno eran conscientes de que esta liquidación negativa podía producirse, a lo largo de 2020 promocionaron como una gran medida - y casi la única sino contamos la suspensión de las reglas fiscales que derivó de una decisión de la Unión Europea- de apoyo a las entidades locales que las entregas a cuenta se mantuviesen referenciadas a una cifra de crecimiento irreal y desproporcionada. Y cuando quedan seis meses para comenzar el año 2022, el gobierno de España no ha propuesto ninguna medida para evitar que esta liquidación negativa ponga en riesgo la sostenibilidad financiera y la viabilidad de miles de entidades locales que, si esta deuda se materializa, podrían dejar de atender las necesidades de los vecinos”.
