La junta de gobierno local ha aprobado este viernes los proyectos de ordenanzas fiscales para el próximo año que se caracterizan por la congelación de tributos y la reducción de carga fiscal a la ciudadanía y al tejido productivo malagueño para favorecer a la recuperación social y económica de la ciudad.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado de la portavoz del equipo de gobierno municipal, Susana Carillo, y el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha dado a conocer la propuesta tributaria del equipo de gobierno para el año 2022, entre la que ha destacado que se duplica la reducción al pasar de 20 a 40 por ciento la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para la generación de empleo.
De la Torre espera que esta medida venga a incrementar el atractivo de la ciudad, por lo que ha insistido en que "hay que contarlo más, que lo sepan los sectores económicos y empresarios de Málaga y fuera". A esta reducción se pueden acoger obras con vocación de generar empleo estable, como es el caso de la construcción de centros comerciales u hoteles. Para el regidor, la reactivación que supondrá a nivel de empleo "compensará esta reducción", que proponen duplicar hasta un 40 por ciento.
A esta iniciativa se suma la reducción del diez por ciento de la tasa por ocupación de vía pública para mesas, sillas, toldos y venta ambulante, que prevé 4.119 beneficiarios con un impacto económico de 230.000 euros.
También mantiene la reducción del 25 por ciento en las cuotas por la recogida de basura para actividades económicas de hostelería, hospedaje, viviendas turísticas y ocio nocturno para compensar el periodo de cierre durante el estado de alarma. Se beneficiarán un total de 6.212 establecimientos con un impacto económico de 403.229 euros. Cabe destacar que Málaga no cuenta con cuota de basura para viviendas.
Por último, se reduce un cinco por ciento las cuotas del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que supondrá alrededor de 5.165 establecimientos con un impacto económico de 598.000 euros. Para la reactivación de la economía local se propone la modificación de la tabla de los coeficientes de situación que modulan las cuotas de este tributo en función a la ubicación de los establecimientos de conformidad con las nueve categorías del callejero de Málaga, que quedan todas reducidas.
En total, se calcula que la reducción de las tarifas a la que se ha dado aprobación inicial beneficiará a alrededor de 16.000 personas o instituciones, lo que supondrá un impacto económico estimado de 1.300.000 euros.
También se ha aprobado la congelación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Iivtnu-Plusvalía), así como el resto de tributos.
Asimismo, también se ha aprobado la transformación a tasa del precio público de bodas civiles que se celebran en el Ayuntamiento de Málaga. En concreto, se materializa en una reducción de las cuotas en un 21 por ciento, al eliminarse el efecto del IVA que ya no se exigirá a partir de ahora con esta nueva tasa.
En el caso de la plusvalía mortis causa, sigue sin avanzarse en la posibilidad de aplicar rebajas, algo que el regidor ha vinculado a acuerdos a nivel nacional, aunque "no lo descartamos". Lo deja así en manos del Ejecutivo central y la FEMP, indicando la necesidad de que exista una compensación del Gobierno a los ayuntamientos.
De este modo, ya son 17 los años que el equipo de gobierno municipal lleva congelando la tributación en la ciudad, situando a Málaga como una de las ciudades con una contribución fiscal por habitante de las más bajas de España. Además, se aplican anualmente, según los datos de Gestrisam, unos beneficios fiscales que rondan los 20 millones de euros que se dejan en los bolsillos de los malagueños.
En este periodo --la última actualización de los tipos un cuatro por ciento fue en 2005-- la política fiscal del Consistorio se ha caracterizado por la contención y la congelación de los tipos impositivos.
En este contexto de crisis económica provocada por la pandemia, las políticas de optimización de recursos y una fiscalidad que equilibra las necesidades de financiación y la sensibilidad social han permitido que el Consistorio haya conseguido mantener equilibradas las cuentas municipales.
BAJA PRESIÓN FISCAL COMPARADA
Málaga está entre las 15 capitales de provincia con menores ingresos tributarios por habitante al año. Los últimos datos, referentes a 2019, de contribución fiscal absoluta --suma de impuestos directos e indirectos, tasas y otros ingresos-- de capitales de provincia arroja una media en Málaga de 565,74 euros por habitante y año. Este dato sitúa a la ciudad en el puesto 30 de las 43 capitales con información disponible.
Asimismo, Málaga tiene uno de los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) más bajos de las grandes capitales españolas. De hecho, según los datos de 2020, ocupa el quinto puesto de las ciudades con tipo de gravamen más bajo de entre las seis mayores ciudades de España; tiene el tipo de gravamen del IBI más bajo de entre las ocho capitales de provincia de Andalucía; y el menor de las de los municipios de la provincia con mayor población.
Según los datos del Observatorio Tributario Andaluz, basados la información estadística de la Dirección General de Catastro y los datos económicos y ordenanza fiscal de la tasa de recogida y tratamiento de basura doméstica de los municipios, Málaga es la gran ciudad española con una cuota media IBI+Basura más baja, ostentando esa posición también respecto a todas las capitales andaluzas, lo que refuerza su posición entre las capitales del país con tributación más moderada.
Cabe recordar además que el Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha proyectos innovadores como el programa de Gestrisam Solidaria o el Flexipago que anualmente se aplica a todos las personas que así lo demandan cuando existen dificultades añadidas al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Así, concede anualmente un conjunto de fraccionamientos y aplazamientos que solo en el pasado año fueron más de 7.000 con un importe aplazado o fraccionado de deuda por importe de 15,5 millones de euros. Además, ha aprobado las ayudas para personas desempleadas y jubiladas propietarias de viviendas, por un importe de 1,4 millones de euros y que vendrá a beneficiar a unas 7.000.
