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Ocho años por llevar una patera con doce 'sin papeles'

El imputado asegura que pagó 1.200 euros para poder venir a España ?a trabajar?

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Un súbdito marroquí fue juzgado ayer en la Sección VII de la Audiencia Provincial de Cádiz por  un supuesto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, al considerársele el patrón de una embarcación interceptada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil con doce inmigrantes a bordo.

La intervención de la patera, realizada a tres millas al sur de la playa de Bolonia, se produjo el pasado 2 de julio. Horas antes, el Servicio Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil había localizado el objeto en el mar.

Según los datos aportados en su día por el Instituto Armado, todos los ocupantes de la embarcación eran marroquíes, varones y mayores de edad, y se encontraban en buen estado de salud, y según las informaciones oficiales, en su momento se tramitó la preceptiva devolución de estas personas a su país de origen en virtud del convenio entre España y Marruecos.

El acusado, quien rechazó un acuerdo de tres años de cárcel para tratar de demostrar su inocencia, aseveró que sólo iba de pasajero en la embarcación, que venía a Algeciras "a buscar trabajo" y que había pagado, antes de comenzar el viaje, la cantidad de 1.200 euros a un compatriota suyo que no embarcó y se quedó en Marruecos.

Habría sido esta persona, según su versión, la que habría organizado el viaje. Asimismo, indicó que el viaje había durado "un día y dos noches completas", en base a su testimonio durante la vista, y que durante ese tiempo "unos y otros fueron alternándose para llevar la embarcación", aunque aseveró que él nunca actuó como patrón de la misma.Igualmente, indicó que las 12 personas que iban en la patera no iban apelotonadas, sino que la mitad del espacio estaba desocupado.

Riesgo
Todo ello podría disminuir la consideración de riesgo inherente a estas travesías ilegales, algo que se mencionó en el escrito de acusación del fiscal.

El Ministerio Fiscal pide para el acusado ocho años de cárcel, así como el comiso de la embarcación intervenida.

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