Para que no quepa la menor duda, confesaré que soy un efusivo defensor de la Ley de Memoria Democrática. Creo que esta norma, basada en los principios de verdad, justicia y reparación, es indispensable no sólo para reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, para buscar a desaparecidos y para retirar símbolos del régimen que puedan herir la sensibilidad de los damnificados, sino para frenar la ola ultraderecha que pretende reescribir la historia.
Desde esta columna, durante muchos años, apremié a los distintos gobiernos, a la Hermandad de la Macarena y al Obispado a cumplir la Ley de Memoria y retirasen de la Basílica los restos del genocida Queipo de Llano, verdugo de Lorca, Blas Infante y más de 40.000 andaluces -entre ellos, algunos familiares malagueños míos víctimas de la cruenta Desbandá-. Igualmente denuncié como, ante la pasividad del Ministerio de Defensa,el retrato de este sanguinario asesino estuvo luciendo con honores en la galería de militares ilustres en la Capitanía General de Sevilla mucho tiempo después de la aprobación de la Ley. Igualmente aplaudí exhumaciones de fosas comunes como PicoReja y películas de directores andaluces sobre la crudeza de la guerra y la represión posterior.
Dicho todo esto, apoyo firmemente que el estadio municipal de Cádiz, donde juega el Cádiz C.F., se llame Carranza. ¿Me puede explicar el Gobierno central que articulado de la Ley incumple poner ese nombre? Otra cosa sería el original Ramón de Carranza -alcalde franquista- que sí podría herir sensibilidades de los damnificados de la dictadura. El regidor Bruno García se hace así depositario de un sentir abrumadoramente mayoritario de la ciudadaníay del club cadistapara que el templo amarillo se llame como le llama la gente: Carranza. Este nombre a solas no hiere a nadie, sino todo lo contrario: es un signo de identificación y orgullo de un pueblo y una afición. Por todo ello, no entiendo las advertencias del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez: “Devolver el nombre Carranza es una ilegalidad”. Parte de una premisa errónea: el estadio no recuperará su nombre, sino que adoptará uno nuevo, el que gritan22.000 cadistas cuando cantan el himno oficioso del Cádiz, el pasodoble de Manolito Santander ‘Me han dicho que el amarillo’. El secretario de Estado no sólo muestra un desconocimiento de la nomenclatura histórica del estadio, sino que cae en contradicciones flagrantes: persigue lo que sería legal(Carranza es un nombre querido -¿pedirá también, por ejemplo, que le cambien el nombre al Valle de Carranza en Vizcaya-) y obvia un claro incumplimiento de la Ley: el puente José León de Carranza -otro alcalde franquista- rotulado por la DGT, dependiente del Ministerio del Interior, en todas las señales de tráfico de la Bahía de Cádiz.
