La Policía Nacional ha detenido a 28 personas e investigado a otras 17 en varias provincias españolas por un presunto fraude a la Seguridad Social que alcanzaría los 9.233.319 euros a través de entramados de empresas ficticias que obtenían de manera ilícita esos beneficios.

Se trata de una operación que ha contado con el apoyo de la Tesorería General de la Seguridad Social, según ha informado este miércoles la Dirección General de la Policía.

Agentes del cuerpo han procedido al arresto de los supuestos implicados por los delitos de fraudes en cotizaciones y prestaciones, falsedad documental, insolvencia punible y usurpación de estado civil.

La investigación se inició a finales del pasado año al recibir la Policía diversas denuncias sobre actividades ilegales para evitar el pago de las cantidades adeudadas a la Seguridad Social.

Para la Policía, las personas investigadas eran en su mayoría los administradores de las empresas, familiares o testaferros que utilizaban para esquivar los controles de la Administración y derivar los fondos a sociedades pantalla.

Dos compañías habrían monopolizado el fraude, consistente, la primera, en abonar en metálico los salarios a sus trabajadores, sin contrato ni dados de alta, con el objetivo de ocultar el balance económico de la empresa, que se benefició así de 376.884 euros.

Además, de acuerdo con la investigación policial, no pagaba el sueldo a los empleados enfermos o de vacaciones y les obligaba a trabajar de lunes a sábado.

La otra sociedad inspeccionada, en concurso de acreedores, con el jefe en paro y que actuaba sin trabajadores, se integró en una segunda compañía que teóricamente le iba a facilitar la financiación para saldar una deuda de 150.000 euros.

Más tarde, esta segunda sociedad solicitó a una tercera empresa ficticia, adquirida por la cantidad simbólica de un euro y a su vez sin trabajadores, un papel firmado por el que comunicaba una financiación de 700.000 euros.

Esta última sociedad, sin relación en cuanto al objeto social con la primera, contaba con un único dirigente en desempleo que cobraba un subsidio y le inhabilitaba, por tanto, para facilitar dicha operación.

Las pesquisas han constatado que esta tercer empresa utilizó a los trabajadores de la primera para labores administrativas y de producción en beneficio propio.

Los arrestos se han llevado a cabo en Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, Girona, Huesca, A Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora.