Los juzgados de Almería registraron el pasado 15 de abril un total de 331 escritos tras el primer día en el que se levantó la limitación de entrada de asuntos no urgentes en el marco del estado de alarma, lo que supone un incremento del 619,57 por ciento con respecto a la semana anterior.
Esta medida ha permitido la reactivación parcial de la actividad en los tribunales almerienses, de modo que las cifras registradas suponen un aumento significativo respecto al miércoles anterior, pero un descenso importante en comparación con días antes de la limitación.
Según los datos facilitados a Europa Press por la Junta de Andalucía, este miércoles día 15 se contabilizaron 311 escritos de trámite, sobre todo en la jurisdicción civil (241), seguida de la penal (44); y también otros 20 documentos iniciadores.
Los 622 escritos registrados el miércoles suponen un 619,57 por ciento de incremento respecto al día 8 de abril, justo el miércoles anterior, cuando se ingresaron 46; pero significa un descenso muy significativo si se compara con los 1.125 o los 1.160 escritos presentados el 4 y el 11 de marzo, respectivamente, fechas anteriores a decretarse el estado de alarma.
Con posterioridad a la declaración del estado de alarma, los juzgados almerienses registraron el 18 de marzo un total de 172 escritos, lo que supuso una bajada del 85,17 por ciento.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó esta semana, de forma consensuada con el Ministerio de Justicia, levantar desde el miércoles las limitaciones establecidas el pasado 18 de marzo a la presentación de escritos por medios telemáticos a través de LexNET o de los sistemas equivalentes.
El CGPJ consideró que la evolución de las circunstancias de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 "permite contemplar un nuevo escenario de mayor actividad en todos los sectores, y en particular en el funcionamiento de la administración de justicia, que autoriza a fijar las bases del restablecimiento pleno de la prestación del servicio público al que sirve el ejercicio de la función jurisdiccional".
El objetivo es evitar de ese modo "su paralización y colapso con la subsiguiente la lesión de los derechos e intereses de los particulares", señaló el órgano de gobierno de los jueces en un comunicado.
