El PSOE-A ve coherente una subida de impuestos

El grupo parlamentario del PSOE-A consideró ayer que la posibilidad de que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, afronte una subida de los impuestos en la comunidad sería “coherente” con el replanteamiento de los ingresos y los gastos que está haciendo el Gobierno andaluz por el plan de ajuste.

Días atrás el presidente no descartó una nueva subida de impuestos autonómicos, como consecuencia de la necesidad de reducir el gasto público en un contexto de estabilidad presupuestaria. Se trataría, según Griñán, de medidas fiscales dentro de las competencias autonómicas, una idea que avaló ayer en conferencia de prensa el portavoz parlamentario, Mario Jiménez.

“La rigurosidad exige en términos fiscales y presupuestarios que cuando se hace un replanteamiento se acuda a todas las masas que componen las cuentas, los gastos e ingresos”, esgrimió, al tiempo que se mostró partidario de aplicar criterios de “progresividad para que hagan un mayor esfuerzo los que más recursos tienen”.

Jiménez no descartó que el presidente concrete la propuesta durante el Debate de la Comunidad, que se desarrollará en el Parlamento los días 9 y 10 de junio, un días después de las movilizaciones que prevén los sindicatos de la función pública contra los recortes salariales.

De hecho, unos doscientos funcionarios y funcionarios interinos se manifestaron ayer a las puertas del Parlamento de Andalucía en demanda de estabilidad laboral para los interinos y para rechazar los anunciados recortes salariales. En el escrito que entregaron a los grupos parlamentarios aseguran que los servicios públicos tienen un 65% de sus trabajadores con salarios por debajo del salario mínimo interprofesional.

Según el portavoz socialista, el Gobierno andaluz ofrecerá durante este debate un diagnóstico “exhaustivo” de la realidad económica, “sin triunfalismos y poniendo en valor las positivas medidas” que se han tomado y se seguirán tomando para “facilitar” la recuperación económica, que tildó de “realidad palpable”.

En este sentido, exigió al PP e IU responsabilidad, que abandonen las “pinzas parlamentarias” y afronten esta cita con “espíritu constructivo y no pensando en su interés político”.

A continuación se centró en el presidente del PP-A, Javier Arenas, al que solicitó que se desvincule de la estrategia “profundamente antidemocrática de debilitar” al Ejecutivo andaluz.

“El PP intenta derribar a cualquier precio al Gobierno andaluz y le exijo que abandone la estrategia de la ruina y que obvie construir su alternativa sobre las cenizas de la democracia y la economía española”, denunció. Para el portavoz, Arenas está instalado en la “irresponsabilidad y frivolidad sin límite” y señaló, además, que los populares ven en la crisis una “oportunidad electoral”.

Los socialistas sostienen que las medidas aplicadas por el Gobierno central y la Junta “demuestran” que la situación económica empieza a “mejorar” como pone en evidencia los datos del paro del mayo en Andalucía, que registró cerca de 11.000 parados menos.

Recorte salarial, no laboral

Por su parte, la consejera de la Presidencia, Mar Moreno señaló ayer que desde el Gobierno están “recortando el salario del empleo público, no el empleo público como otros demandan” en cuanto a las medidas de ajuste económico.

Moreno, que participó en una conferencia en el “Fórum Europa. Tribuna Andalucía”, presentada por la consejera del Estado Amparo Rubiales, indicó que “los obligados planes de ajuste han afectado al salario de los trabajadores del sector público” y mostró su comprensión en que esta cuestión “suscite todo tipo de críticas entre los afectados”.

Dijo que “curiosamente” la sociedad ha aceptado bien este recorte, pero que “en muchos casos” también “esconde una cierta animadversión al funcionariado”, aunque apuntó que la alternativa ideológica al ajuste salarial “es el ajuste de las plantillas y en Andalucía no queremos andar ese camino”.

La consejera abogó por la necesidad de optimizar el sector empresarial público andaluz y explicó que lo van a hacer “con criterios de racionalidad y eficiencia” y que la educación y la salud, al igual que otras políticas de cohesión social “son asuntos de Estado, no de mercado, y lo van a seguir siendo en la medida de nuestras posibilidades”.

En este sentido, destacó que los datos de Andalucía “no avalan la caricatura” de esta comunidad con una administración “más costosa o sobredimensionada que el conjunto de comunidades autónomas” y valoró el papel de estas comunidades contra las “voces que claman” contra él.