El actor y productor de cine porno Ignacio Allende, Torbe, ha reconocido los delitos de distribución y posesión de pornografía infantil de los que se le acusa, y por los que la Fiscalía pedía para él más de 7 años de cárcel, a cambio de una pena de dos años de prisión que previsiblemente no cumplirá tras solicitarlo así su defensa, aunque este extremo se dilucidará tras la sentencia.

El Juzgado de lo Penal número 27 ha celebrado este lunes el juicio a Torbe y a otras dos personas, allegadas suyas, por dos delitos de pornografía infantil y de revelación de secretos. Torbe ha intervenido por videoconferencia y solo ha contestado que sí ratificaba los hechos, sin hacer uso de la última palabra.

Otro de los acusados, Francisco José M.L., también ha llegado a una conformidad con la Fiscalía, mientras que el tercero, José Carlos P.R., no lo ha hecho y el juicio se ha celebrado contra él y ha quedado visto para sentencia.

Esta causa judicial se ha "desinflado" con respecto a la imputación inicial de abril de 2016, cuando Torbe fue arrestado e ingresó en prisión preventiva por los delitos de pornografía, trata de seres humanos, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.

Finalmente se juzgan dos hechos: uno de 2012, cuando el productor de cine grabó a una joven de 17 años en un vídeo porno y, al saber que era menor, esperó para publicarlo; y otro de 2015, cuando otra joven -testigo protegida en la causa- grabó vídeos porno con él y se prestó a otros vídeos y fotos pero sin que se le viera la cara ni los difundiera, y al ver que uno de ellos se hizo viral reconoció que era menor y denunció los hechos. Este vídeo que se hizo viral es uno en el que la joven se sube la camiseta y dice "Aúpa Athletic".

Al inicio del juicio la Fiscalía ha expuesto el acuerdo con Torbe, por el que rebaja su petición inicial de 7 años y 7 meses de cárcel por distribución y posesión de pornografía infantil y por revelación de secretos, a únicamente dos años de prisión por dos delitos de distribución (un año por cada menor), con la atenuante de reconocimiento de los hechos y de reparación del daño porque ha pagado ya 65.000 euros por daños morales.

La conformidad incluye una multa de unos 3.000 euros por los delitos de posesión y de revelación de secretos; dos años de libertad vigilada; la prohibición de ver ni ponerse en contacto durante cuatro años con la testigo protegida que denunció el caso en 2015; la prohibición de trabajar con menores durante seis años, y que se decomise el disco duro y el móvil desde que se distribuyeron las imágenes de la menor. También prevé el pago de 65.000 euros a la víctima por daños morales, lo que Torbe ya ha hecho.

La defensa del prodcutor ha adelantado que pedirá que la pena de cárcel no se haga efectiva, ya que no tiene antecedentes computables -los que tenía ya se han cancelado-. Al inicio del juicio también ha llegado a un acuerdo Francisco José M.L., que ha aceptado que cometió el delito de posesión de pornografía infantil a cambio de una rebaja en pena: en lugar de los tres años que la Fiscalía le pedía inicialmente acepta una multa de 2.880 euros. No podrá trabajar con menores durante varios años ni acercarse a la menor que denunció los hechos en 2015.

Por su parte el acusado Carlos P.R. no ha llegado a acuerdo y en su declaración ha negado que él enviara a Francisco José M.L. vídeos de la menor que es testigo protegida, ya que no estaba en la oficina en aquel momento, y además hacer eso le parece "repugnante". La Fiscalía ha mantenido para él su petición de tres años de pena de cárcel.

El letrado de la acusación popular, Manuel Merino ha solicitado el inicio del juicio la suspensión al considerar que los procesados tienen que comparecer personalmente, incluso para prestar su conformidad, y ha advertido de que lo contrario podría llevar a la nulidad. Pero la jueza lo ha rechazado, destacando que el juicio debe celebrarse ya por el tiempo que ha pasado desde los hechos, y que "una justicia lenta es injusticia".