La provincia recibe casi siete millones del antiguo PER
Pizarro firma los convenios de colaboración con las ocho diputaciones
El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, y la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Aguayo, han firmado hoy con los presidentes de las ocho diputaciones andaluzas los convenios de colaboración para financiar los materiales del Programa de Fomento del Empleo Agrario (antiguo PER), correspondiente a 2010. Este programa, en el que colaboran la Administración central, la Junta y las corporaciones provinciales, asciende a 205,3 millones de euros, que gestionarán los ayuntamientos para la mejora de sus infraestructuras.
A la rúbrica de este acuerdo ha asistido el titular de la Diputación de Cádiz, Francisco González Cabaña. La provincia gaditana recibirá casi 7 millones de euros para financiar la adquisición de materiales de obra: 5´5 aportados por la Junta y 1´5 por Diputación. A estos recursos se le suman los fondos de procedencia estatal para sufragar la mano de obra.
Los convenios suscritos entre la Junta y las diputaciones suponen una inversión por parte de la Administración autonómica de 52,8 millones de euros, mientras las diputaciones aportan 13,8 millones. A ello hay que añadir los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), antiguo INEM, que se encarga de financiar la mano de obra que precisa su ejecución, y que este año aporta una subvención de 138,6 millones de euros.
Pizarro ha subrayado que este programa constituye un ejemplo de colaboración institucional entre administraciones, que cada año unen esfuerzos y complementan sus actuaciones con el objetivo común de generar empleo. Además, permite a los municipios mejorar sus infraestructuras, en especial a los de zonas rurales e históricamente desfavorecidas, con la consiguiente repercusión en la mejora del nivel de vida de sus ciudadanos, y constituyen asimismo un estímulo para las economías locales.
Las acciones del PFEA se centran en la realización de obras de interés general y social y abarcan la realización de diversas infraestructuras en el sector agrícola, ganadero, industrial y de servicios, desde la construcción de dotaciones de equipamientos sociales, parques o jardines, hasta la modernización de regadíos, pasando por la urbanización de polígonos industriales, la mejora del alumbrado público, o la conservación y el arreglo de calles.
Durante el pasado año 2009, el antiguo PER hizo posible la realización de 2.078 proyectos de obras y servicios, que supusieron la contratación de 100.277 trabajadores y la generación de 1.680.996 jornales.
Este modelo de financiación de actuaciones se puso en marcha hace 24 años, primero con el PER y posteriormente con el Aepsa, que sustituyó al anterior. Desde su creación en 1986, el Plan de Fomento del Empleo Agrario suma, en conjunto, más de 3.614 millones de euros.
El coste de los materiales de las obras adscritas a este programa durante toda su vigencia se eleva a más de 1.064,4 millones de euros, de los que más de 801,1 corresponden a la Consejería de Gobernación y Justicia y cerca de 263,3 millones de euros a las diputaciones.
A la rúbrica de este acuerdo ha asistido el titular de la Diputación de Cádiz, Francisco González Cabaña. La provincia gaditana recibirá casi 7 millones de euros para financiar la adquisición de materiales de obra: 5´5 aportados por la Junta y 1´5 por Diputación. A estos recursos se le suman los fondos de procedencia estatal para sufragar la mano de obra.
Los convenios suscritos entre la Junta y las diputaciones suponen una inversión por parte de la Administración autonómica de 52,8 millones de euros, mientras las diputaciones aportan 13,8 millones. A ello hay que añadir los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), antiguo INEM, que se encarga de financiar la mano de obra que precisa su ejecución, y que este año aporta una subvención de 138,6 millones de euros.
Pizarro ha subrayado que este programa constituye un ejemplo de colaboración institucional entre administraciones, que cada año unen esfuerzos y complementan sus actuaciones con el objetivo común de generar empleo. Además, permite a los municipios mejorar sus infraestructuras, en especial a los de zonas rurales e históricamente desfavorecidas, con la consiguiente repercusión en la mejora del nivel de vida de sus ciudadanos, y constituyen asimismo un estímulo para las economías locales.
Las acciones del PFEA se centran en la realización de obras de interés general y social y abarcan la realización de diversas infraestructuras en el sector agrícola, ganadero, industrial y de servicios, desde la construcción de dotaciones de equipamientos sociales, parques o jardines, hasta la modernización de regadíos, pasando por la urbanización de polígonos industriales, la mejora del alumbrado público, o la conservación y el arreglo de calles.
Durante el pasado año 2009, el antiguo PER hizo posible la realización de 2.078 proyectos de obras y servicios, que supusieron la contratación de 100.277 trabajadores y la generación de 1.680.996 jornales.
Este modelo de financiación de actuaciones se puso en marcha hace 24 años, primero con el PER y posteriormente con el Aepsa, que sustituyó al anterior. Desde su creación en 1986, el Plan de Fomento del Empleo Agrario suma, en conjunto, más de 3.614 millones de euros.
El coste de los materiales de las obras adscritas a este programa durante toda su vigencia se eleva a más de 1.064,4 millones de euros, de los que más de 801,1 corresponden a la Consejería de Gobernación y Justicia y cerca de 263,3 millones de euros a las diputaciones.
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