En plena campaña de alegaciones contra la subida injustificada de impuestos municipales, cuando se pide más dinero a la ciudadanía, el Ayuntamiento debe justificar clara y suficientemente por qué lo pide. Ninguna se aportar a la aprobada recientemente subida de impuestos municipales. Dos aspectos esenciales que deben mirarse con lupa antes de sustraer, impositivamente hablando, escasos recursos económicos a las ya precarias economías familiares: A) Gastos: Parece evidente que todo lo que gasta el ayuntamiento NO es esencial. ¿Es posible que políticos y cargos de su confianza cobren menos o incluso dejen de cobrar, por aquello del espíritu de servicio al pueblo? Pompas, fastos, subvenciones a entidades religiosas y laicas, amén de otros asuntos menores ¿podrían correr a cargo de quienes de ellos disfrutan? ¿Es posible mejorar los consumos? B) Todos deben poner: Muy importante ¿Todas las personas que deben pagar lo hacen? ¿Todas las viviendas pagan el impuesto del IBI? Si quienes gobiernan el ayuntamiento responden con un NO a este pequeño cuestionario nos encontramos ante quienes gastan por gastar, eso sí con dineros ajenos. No se sabe si es peor que les dé igual recaudar o no a todas las personas que viven en Algeciras. ¿Qué sentido tiene esos noes? Unos evidentemente son por interés particular, ya que sus nóminas son considerables y para ellos necesarias. Otros son precisos para alimentar, mediante favores, una corte de acólitos que se traducirán en votos en las próximas elecciones. Esos favores son de dos tipos: Te doy dineros públicos para que gestiones tus “proyectos” o no te cobro impuestos para no tener líos y además contar con tu apoyo. Este texto va de este segundo favor. No cobrar impuesto de bienes inmuebles, a bienes inmuebles que usufructúan terrenos públicos es un delito prevaricador. Las usurpaciones están directamente relacionadas con la subida de impuestos, ya que si todas las personas pagasen cada cual pagaría menos. Como el tema de usurpaciones lleva mucho tiempo dando de qué hablar conviene irlo desgranarlo poco a poco. A) Opiniones y pareceres por delante. B) Legalidad al canto, consecuencias legales por dejación de funciones o tratos de favor, C) Llegar a propuestas para que, mientras se regularizan los miles de situaciones, al menos todas las viviendas paguen bien el IBI, las legalizadas, o bien una tasa por usufructo y ocupación de suelo público. Que ¡oiga! Ordenanzas municipales fundamentadas en ese concepto hay unas cuantas. Iniciamos la reflexión: OPINIONES y PARECERES: ¡Y qué más da! La tierra está al servicio de las personas. Otra mejor: !La tierra no es de nadie! ¿Qué se le puede reprochar a quien ha parcelado un terreno que no estaba habitado y ha construido su casa? Algo así como las películas del oeste, donde el protagonista llegaba con su familia en la carreta a las tierras de los indios y, en un lugar idílico, se dedicaba a cortar árboles para construir una buena cabaña, con chimenea y todo. ¡Preguntarle a los indios! ¡A quien se le ocurre esa barbaridad! A quien esta postura mantiene, con respecto a las usurpaciones de suelo público, montes municipales “propios” o cañadas reales, conviene hacerle caer en la cuenta de que una vez que las comunidades de seres humanos se asentaban en un territorio, desde el principio de los tiempos, por acuerdos se repartían el uso de los terrenos. Algunos por el poder de la espada o del dinero privatizaban -se quedaban por la cara con aquello-, de forma que nadie de la tribu o clan podía acceder a ese terreno o casa sin que el propietario lo autorizase. La mayor parte de la extensión del territorio era considerada del COMÚN, es decir que pertenecía por igual a todas las personas. Estos terrenos comunes, se denominaron con el tiempo públicos y así se hizo para evitar que algunas personas, “listas ellas”, se los apropiaran, cambiando la naturaleza de ese bien común, -inmatriculándolo- privatizándolo. Muchas batallas (con sangre incluida) tuvieron que librar las villas contra los señoríos feudales que pretendían arrebatarles sus propiedades. La burguesía liberal principios siglo XIX al robo lo denominó “desamortización” y se quedó con propiedades comunales o religiosas (que también habían sido previamente expropiadas al común). Alguien puede argumentar que en la actualidad hay quienes pretenden ocupar fincas (movimientos llamados jornaleros). Estas acciones de ocupación se justifican en la pretensión de que esas fincas fueron terrenos comunes y que quien dice ser propietario actualmente las usurpó “in illo tempore”. Estas iniciativas ocupadoras pretenden restituir al común aquello que fue usurpado. Por tanto, nada que ver con el que llega pone “cuatro estacas” y se queda con un terreno que pertenece a todas las gentes.
Para otro momento hay que dejar la segunda reflexión: B) Legalidad al canto. Sobre la aplicación de la ley, en esto de las usurpaciones, hay bastante que decir y se requiere algo más de espacio.
Fdo. Rafael Fenoy
