El Gobierno local ha sacado adelante modificaciones presupuestarias por importe de 4,7 millones de euros con el objetivo de garantizar el pago de las nóminas del personal municipal en lo que resta del presente ejercicio. La propuesta ha sido aprobada en Pleno con el único voto favorable del PP, los votos en contra de PSOE y La Confluencia y la abstención de Vox.
El Ejecutivo de María José García-Pelayo ha justificado esta medida en los incrementos salariales derivados entre otras cosas de las revisiones salariales recogidas en la Ley General de Presupuestos Generales y que sin embargo no se contemplaban en el presupuesto municipal al encontrarse prorrogado el de 2022.
Sin embargo, la oposición ha mostrado su inquietud por el hecho de que haya sido necesario recurrir a la vía de las modificaciones presupuestarias para hacer frente al pago de las nóminas del mes de diciembre. La alcaldesa ha aclarado a este respecto que el Ayuntamiento dispone de la liquidez necesaria para abonar los salarios, pero sin embargo carece del crédito presupuestario que justifique esos pagos.
La concejala socialista Laura Álvarez ha cuestionado que esas modificaciones presupuestarias de 4,7 millones de euros estén relacionadas con esos incrementos salariales que el Ayuntamiento estaba obligado a asumir, ya que “el 53 por ciento” del total de ese importe se va a destinar al pago de gratificaciones y productividades, dudando incluso de que sea legal acudir a la vía del fondo de contingencia para hacer frente a esos abonos.
No en vano, el propio informe del interventor no es concluyente en este sentido, toda vez que admite que “puede resultar discutible” que se acuda a esta herramienta dado que su utilización “debe venir referida a gastos que reúnan las características de imprevisibles, inaplazables y no discrecionales”.
El propio interventor ha sido interpelado en el Pleno por Laura Álvarez, que le ha instado en reiteradas ocasiones a aclarar si su informe era o no favorable o desfavorable, algo que no ha quedado claro toda vez que a juicio del habilitado “no se puede dar una respuesta unívoca” a la urgencia o discrecionalidad de estos pagos “porque dependerá” de la labor concreta que haya desarrollado cada trabajador.
“Estamos en un punto en el que no hablamos de ciencias exactas, sino de una cuestión de interpretación”, insistió el interventor, José María Almenara, que en cualquier caso insistió en que su informe no era “desfavorable”.
Kika González, de La Confluencia, ha incorporado otra clave al debate al asegurar que en esos 4,7 millones de euros se incluye una partida de 1,9 millones que corresponden a “gratificaciones extraordinarias” para la Policía Local, lo que a su juicio no es más que el “pago de promesas electorales” de García-Pelayo, al igual que ocurre con otra serie de abonos por determinadas productividades.
Para Ignacio Soto, de Vox, esta operación para garantizar el pago de las nóminas “enciende todas las alarmas” de cara al futuro más inmediato, una teoría a la que también se sumó el portavoz de La Confluencia, Raúl Ruiz-Berdejo, que aprovechó para pedir que los próximos informes del interventor sean “más concluyentes” para de este modo salvaguardar la seguridad jurídica de los propios miembros de la Corporación municipal.
