El Gobierno y el PSOE rechazaron ayer “recentralizar” el Estado autonómico y revisarlo a la baja frente al pacto que reclamó el PP con el fin de racionalizar el gasto de un modelo que es “muy caro” en el actual contexto de crisis.

Los principales partidos políticos tomaron posición después de que el ex presidente del Gobierno José María Aznar cuestionara la viabilidad política y financiera del Estado autonómico y de que el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, planteara un pacto que permita al Estado recuperar competencias autonómicas.

El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, garantizó que el Ejecutivo no va a suscitar ningún planteamiento “recentralizador o renacionalizador” de España, aunque admitió “distorsiones y duplicidades” en el modelo.

El Estado de las autonomías establecido por la Constitución de 1978 “ha traído a los ciudadanos españoles los
treinta años mejores de su historia, tanto desde el punto de vista de la convivencia democrática como desde el punto de vista de su bienestar”, argumentó el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

En la misma línea se expresó el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, quien subrayó que su partido no aceptará una revisión a la baja del Estado autonómico, aunque defendió la necesidad de ajustes en el modelo para evitar duplicidades y “ser más eficientes”.

Desde la oposición, el líder del PP, Mariano Rajoy, descartó que sea necesaria una “enmienda a la totalidad” al Estado autonómico, pero ha abogado por “dar pasos”, como reformar la ley de estabilidad presupuestaria, poner un techo de gasto y de endeudamiento a las autonomías y hacer una ley de unidad de mercado.

Igualmente, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, consideró que es “absolutamente imprescindible” un pacto de Estado para proceder a la racionalización del modelo autonómico, ya que éste es “muy caro”, y criticó al PSOE por no haber querido “hacer nada” al respecto.

También el presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz Alonso, estimó que es conveniente reflexionar sobre la situación actual, pero sin cuestionar el Estado autonómico porque sería “muy grave” hacerlo, aunque cree que “nadie lo ha cuestionado”.

Asimismo, Vicente Álvarez Areces, presidente de Asturias, lo defendió como un instrumento sólido para hacer
frente a la crisis económica y advirtió de que las medidas de austeridad y de control del gasto “no deben confundirse con un cambio de modelo”.

Formaciones como CiU, ERC e ICV censuraron la propuesta de recentralización y llamaron a formar un frente común para defender la autonomía catalana.

CiU, a través del presidente de su grupo parlamentario en el Parlament, Oriol Pujol, mostró su apoyo al Gobierno si quiere “adelgazar” el Estado, pero rechazará de plano la pretensión de disminuir la autonomía de Cataluña.

Más lejos fue el secretario general de ERC, Joan Ridao, quien defendió la necesidad de un frente catalán unitario para “plantar cara a Madrid” y, tras recordar que el Estado concentra el 55 por ciento del total del gasto público, ha exigido que “se adelgace” y se haga “una liposucción”.

Joan Herrera, secretario general de ICV, instó al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y al resto de partidos catalanes a diseñar conjuntamente una “hoja de ruta” ante la propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero.