Los defensores de Pueblo insisten en el derecho a la atención presencial y sin cita

Defensores del Pueblo de toda España han reivindicado el derecho de los ciudadanos a ser atendidos por las administraciones públicas de manera presencial, con inmediatez, sin necesidad de una cita previa, y han apelado a la implantación de las tecnologías de forma responsable.

Este miércoles han concluido en Vitoria las Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo, que fueron inauguradas ayer por el lehendakari, Imanol Pradales, y que bajo la presidencia del Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, han reunido a los representantes de Andalucía, Cataluña, Galicia, Canarias, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Navarra y Euskadi.

Los asistentes han resumido las conclusiones de este encuentro en un decálogo en el que hacen un llamamiento a todas las administraciones para que los servidores públicos actúen con "empatía y sensibilidad social" en su trato con los ciudadanos, especialmente con las personas más vulnerables.

Han recordado que la buena Administración exige situar a la ciudadanía en el centro de las actuaciones, lo que implica que los funcionarios públicos sean proactivos, se pongan en el lugar de los ciudadanos y les asistan en el ejercicio de sus derechos.

También tienen que garantizar el derecho de los ciudadanos a ser oídos, a recibir información comprensible y a participar activamente en los procedimientos administrativos.

El decálogo programático apunta también que la buena Administración implica actuar garantizando no solo el cumplimiento estricto de los procedimientos legales, sino la plena efectividad de los derechos y garantías reconocidos a los ciudadanos.

Por ello destacan la necesidad de asegurar "derechos tan básicos como el de ser atendido de manera presencial y con inmediatez", y no encuentran justificada "la imposición de la cita previa obligatoria o la extensión desmedida de la obligación de relacionarse telemáticamente con la Administración".

Ven asimismo necesario que las instituciones cuenten con recursos humanos adecuados para prestar los servicios públicos y que el personal tenga formación continua y sensibilización sobre los principios y valores de la buena Administración.

En cuanto a las nuevas tecnologías, reconocen que se deben incorporar para mejorar la eficiencia y la accesibilidad de los servicios públicos, pero piden una "digitalización responsable en clave social" que asegure la transparencia, la seguridad y privacidad de los datos en el uso de herramientas electrónicas.

También mencionan la inteligencia artificial y dicen que tiene un potencial significativo para mejorar la calidad de los servicios públicos, aunque reclaman preservar la intervención humana en las decisiones finales "a fin de proteger los derechos y las libertades de la ciudadanía y evitar posibles sesgos y discriminaciones".