Detrás de la inmensa mayoría de las medidas adoptadas o anunciadas por el Ministerio de Trabajo, y detrás del reguero incontable de normas que han creado nuevas obligaciones burocráticas para los empresarios, obligándolos a un exceso de control y rendición de cuentas completamente insostenible y exponiéndolos al riesgo de sufrir sanciones cada vez más severas, se esconden dos realidades palpables.

Por un lado, la percepción peyorativa que este Gobierno tiene sobre la actividad empresarial y sobre el papel del empresario, como actor sospechoso de la vida económica al que hay que tener permanentemente bajo control.

Por otro,el desconocimiento absoluto de la realidad de la empresa española, algo perfectamente explicable a la luz de la trayectoria profesional de muchos de sus ministros y altos cargos.

Sobre lo primero, un par de ideas más. Todas las medidas que se han ido tomando y las que pretenden adoptarse no tienen más fin que el de reducir el margen de decisión de las empresas. La izquierda siempre ha tenido la falsa convicción de que recortar la libertad de empresa es ampliar los derechos de los trabajadores, cuando la propia experiencia histórica ha demostrado lo contrario: la intervención generalizada sobre la propiedad y el gobierno de las empresas no solo ha socavado las libertades y derechos de los emprendedores sino que ha traído la ruina económica para los asalariados.

Cuando la autoridad actúa contra el mercado, el mercado actúa contra sus políticas, invirtiendo los resultados. Se ha visto claramente con el alquiler, donde el tope de los precios solo ha logrado encarecer los arrendamientos, haciendo mucho más difícil el acceso a la vivienda de los jóvenes. Así, del mismo modo, muchas de las propuestas anunciadas tendrán el efecto de frenar la contratación y perjudicar el empleo.

Sobre lo segundo, es evidente que este Ejecutivo no gobierna para la realidad del tejido productivo español, que no está compuesto mayoritariamente por multinacionales sino por pymes muy expuestas al cambio acelerado del mercado, que necesitan flexibilidad para reaccionar, y que desde luego no pueden permitirse el lujo de perder el tiempo en el cada vez más interminable número de registros, planes y protocolos que el Gobierno les obliga a cumplimentar.

El Ejecutivo de Sánchez no se ha enterado aún. Son ellos los que tienen que ponerse al servicio de las empresas, no las empresas al servicio de ellos y de sus cada vez más caprichosas disposiciones. Entre otras razones, porque todo el tiempo y el esfuerzo que invierten en lo improductivo dejan de dedicárselo a lo productivo.

Este Gobierno pasará a la historia por ser el que más ha polarizado a la sociedad española, y esta dinámica es la que se observa también en el ámbito económico, en el que todas las políticas del Ministerio de Trabajo van dirigidas a sembrar la confrontación entre empresarios y trabajadores, presentándolos como dos bandos con intereses enfrentados e irreconciliables.

Una imagen desmentida por segmentos completos de la actividad empresarial como el de las cooperativas y la economía social, donde los trabajadores participan en el gobierno y en la propiedad de las empresas, pero en general por toda la realidad empresarial y particularmente por las pymes. En la inmensa mayoría de ellas, el despido es siempre algo doloroso, la última opción después de muchas otras medidas dirigidas a mejorar la rentabilidad.

En alguna ocasión he escuchado a Sánchez alabar la cultura del emprendimiento, pero es difícil prestarle crédito alguno cuando todas las iniciativas y políticas de sus socios de Sumar responden en el fondo a la sospecha de que cualquier empresa es una estructura de explotación encubierta de sus trabajadores y de que la posición asalariada es moralmente superior a la del empleador y necesita ser protegida.

El tipo de mensajes y reformas que necesitamos son las contrarias: iniciativas que no promuevan la confrontación sino el entendimiento entre empresas y trabajadores, que favorezcan la flexibilidad y la libertad de acción y que fomenten el aprecio por quienes arriesgan su dinero en la creación de empleo.