El ‘caso ambulancias’, centrado en la presunta adjudicación de contratos a Ambulancias Egara de forma irregular, una pieza vinculada a la supuesta corrupción por el 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), avanza en su investigación.
Mañana, 5 de diciembre, está previsto que un empresario y una funcionaria del SEM cierren las comparecencias de testigos e imputados, que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha realizado durante todo el mes de noviembre. El pasado 27 de noviembre, Joan Albert Arqués y otro investigado, Juan Diego Gallardo, comparecieron ante el juez Santiago Pedraz para ofrecer su versión de los hechos en el marco de una investigación más amplia sobre la presunta financiación ilegal de CDC a través de contratos públicos y donaciones a fundaciones del partido.
Entre las aproximadamente 30 personas que han pasado por el tribunal para declarar el último mes está Gallardo, empresario catalán del sector de las emergencias, por su presunto papel como intermediario en el contacto entre Ambulancias Egara y el exsecretario de Comunicación del Govern David Madí. La presunta relación entre ambos tendría como objetivo la supuesta compra de Ambulancias Egara, aunque la empresa asegura que dicha compra no se materializó. Sin embargo, otras fuentes afirman que directivos vinculados a Madí sí intervinieron en la transportista, prometiendo la obtención de lotes en el concurso público de 2015 a cambio de una participación en la compañía.
Durante la instrucción, funcionarios de la administración catalana y empresarios relacionados con la presunta adjudicación de lotes han prestado declaración. Entre ellos, dos funcionarios del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), quienes detallaron los criterios de evaluación de los concursos. También se ha contado con la comparecencia de Albert Gabàs, experto en ciberseguridad, quien supuestamente vinculó a Madí con Ambulancias Egara a través de un correo electrónico.
El "caso ambulancias" se enmarca dentro del ‘caso 3%’, una investigación sobre la presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de sus fundaciones y contratos públicos. Este caso ha llevado a que los antiguos tesoreros del partido enfrenten juicio, mientras otras piezas relacionadas siguen bajo investigación. Entre ellas destacan esta supuesta trama de presuntas adjudicaciones de servicios de ambulancias, el supuesto trato de favores entre altos cargos del partido y el caso de la productora Triacom.
La pieza sobre Triacom fue clave gracias a las revelaciones del empresario Joan Manuel Parra, quien aportó una conversación grabada con Germà Gordó, exconseller y extesorero de CDC. En dicha conversación, Gordó insinuaría que las adjudicaciones públicas podían ser negociadas a nivel interno. "Cada vez que te presentes a alguna cosa [un concurso público], me vienes a ver y yo hablaré con el secretario general correspondiente, con el departamento correspondiente", dijo Gordó.
El caso de las ambulancias también destaca por las acusaciones iniciales de Carlos Simón, de Ambulancias Egara, quien afirmó que Madí y Joan Albert Arqués, a través del grupo ICAT Desenvolupament, propusieron quedarse con el 60% de la empresa a cambio de garantizar su éxito en concursos públicos. Simón posteriormente se retractó, argumentando que había declarado bajo presión policial. Su hermano, Óscar Simón, negó cualquier irregularidad y explicó que Egara necesitaba inversores en un momento dado, lo que los llevó a contactar con ICAT mediante Juan Luis Gallardo, un empresario del sector de emergencias. Finalmente, aunque ICAT exploró adquirir acciones de Ambulancias Egara en 2012, la operación no se concretó.
