Nueva Rumasa ha presentado una denuncia en el colegio de abogados contra el despacho Martínez-Echevarría por violación de Código Deontológico “ ya que se han aprovechado de la situación mediática del Grupo Nueva Rumasa para, conculcando las normas deontológicas, hacerse publicidad y captar a los inversores en su beneficio, solicitando a cada inversor interesado una provisión de fondos inicial de 6.500 euros”.
A través de un comunicado, Ruiz -Mateos advierte a sus inversores de que “no se dejen embaucar por algunos despachos de abogados como Martínez- Echevarria, Pérez y Ferrero ya que están aprovechándose de esta situación para hacer negocio con altos intereses mercantiles y no cuidando necesariamente los intereses de los inversores”.
Así,  Nueva Rumasa dice que “parece a todas luces inmoral que abogados –que perciben honorarios, vocablo que evidentemente deriva del término honor- se atrevan a efectuar convocatorias públicas para captar clientes bajo la peregrina excusa de la iniciación de procedimientos incluso civiles contra determinadas personas, físicas y jurídicas, obviando el hecho innegable de que se encuentran en situación concursal, por lo que están sumamente limitadas las posibilidades de accionar contra ellas y por supuesto restringida la competencia, solicitando pese a ello provisiones de fondos de miles de euros”.
“Frente a esita situación carente de la más mínima ética”, José María Ruiz-Mateos quiere lanzar un mensaje de “tranquilidad a sus inversores e insiste en que esta buscando soluciones para hacer frente al reembolso de los pagarés”.
Como ya comunicó la semana pasada Ruiz Mateos “está invirtiendo en exclusiva todo su tiempo, esfuerzo y experiencia en dar solución a la situación actual de los tenedores de pagarés, ya que moralmente se siente obligado y a la vez agradecidísimo por la confianza que han depositado en él y en su familia y no cesarán hasta conseguirlo, tanto él como sus hijos”.
Asimismo, a través del comunicado agradece de nuevo a los inversores “la confianza que una vez más” le han demostrado a través de “la amplia aceptación que está teniendo la adhesión a la cesión de derechos de la antigua Rumasa, actualmente pendiente de sentencia definitiva por parte del Tribunal Supremo”.