Hablar de eficiencia y justicia en la España que vivimos es una entelequia la cual tiene difícil explicación. La práctica totalidad de los políticos de toda índole y color reconocen, en público y privado, que el tercer Poder del Estado es el único que no da rédito en votos. Por esta sencilla razón la Administración de Justicia es la maltratada histórica en lo que a inversión se refiere. Ahora bien, cuando se transmite cierta intención de hacer bien las cosas, e invertir en ella, lo lógico sería aplaudir dicho esfuerzo pero desgraciadamente no podemos hacerlo respecto a la reciente Ley de Eficiencia en la Justicia LO 1/205.
La Ley cambia el nombre a las cosas pero no soluciona ninguno de los problemas reales de la Justicia (sobrecarga, retrasos, falta de medios…) No se dota de medios materiales ni personales, insistiendo con medios telemáticos, videoconferencias y similares no siendo posible aplicarlo al carecer los juzgados de medios materiales para ello, pues hay 11 sistemas procesales distintos según CCAA, muchos incompatibles entre ellos.
Dentro de la Ley, lo principal es la creación de los Tribunales de Instancia (vamos, lo que había pero con otro nombre y algunos líos organizativos). Destacar algo peligroso como es la “instrucción conjunta”, esto es, varios jueces, con sus criterios, instruyendo a la vez.
Se introducen aspectos relevantes en la mediación previa con idea de descongestionar los juzgados pero no se vislumbra una forma efectiva de aplicarla en la práctica. Se cambian los Juzgados por Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia que básicamente son los Juzgados de Paz de toda la vida.
Otro aspecto es atribuir a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer todos los delitos sexuales si la víctima es mujer, aunque no haya relación afectiva, que supone más carga de trabajo para juzgados ya colapsados sin más medios.
Una cuestión verdaderamente llamativa es que la Administración pondrá a disposición de los que vayan a juzgados de Infancia o Violencia de Género medios de transporte adecuados para que se trasladen. Y por último, destacar otra modificación, como es en los peritos a los que antes se exigía que tuviesen titulación oficial; ahora, además, que sean “acreditados expertos en la materia”.
Creo que la Ley es un error porque no aporta nada eficaz, crea muchos problemas organizativos y todo apunta a que colapsará, aún más, los Juzgados.
Por desgracia, a priori no soluciona los problemas reales de la Justicia y salvo que me equivoque solo contribuirá a agravar la situación. n
