Estaba allí cuando pasó y ya no hay más. La acusación no tiene ni una sola prueba contra la ex cajera municipal María José Lebrero de Celis, imputada en un presunto delito de malversación de caudales públicos desde el 1 de abril de 2009 junto al también ex cajero Clemente Ruiz García. No obstante, permanece imputada en libertad con cargos, suspendida de empleo y sueldo desde entonces y padeciendo una fuerte y peligrosa depresión, según ella misma manifestaba la semana pasada a un periódico provincial.

Incluso recabando información de fuentes de la investigación, los mismos investigadores no se explican que siga en las condiciones judiciales que se mantienen imperturbables desde el 4 de abril, cuando fue puesta en libertad con cargos, a pesar de que consideran que la autoría del robo corresponde, presuntamente, al ex cajero encarcelado durante veinte meses y puesto en libertad hace unos diez días.

María José Lebrero de Celis declaró lo que todos los funcionarios del área de Economía y Hacienda, salvo el interventor y la tesorera. Esto es, que existía un desfase contable de siete millones de euros desde hacía años, que se había comunicado de todas las formas posibles a los responsables y que el descuadre seguía allí sin que nadie lo normalizara.

Cuando la Policía Nacional, en los mismos calabozos de la Comisaría del Cuerpo Nacional entonces en la calle Doctor Cellier, le requirió para registrar su vivienda particular, lo pudo hacer sin necesidad de orden judicial, al contrario que en el caso de Clemente Ruiz García que se negó a ello.

No encontró nada
Y la Policía no encontró nada incriminatorio, salvo la circunstancia de que había una denuncia del Ayuntamiento acusándola a ella y a su compañero en la Caja de un alcance, el principio, de 480.000 euros y diez días más tarde, de más de siete milliones de euros. O sea, lo que dijeron todos en la misma tarde del 1 de abril y los días siguientes hasta que salieron los dos ex cajeros en libertad con cargos.

Nada existe en las diligencias policiales sobre cantidades de dinero que pudieran sobrepasar sus ingresos, como sí ocurre en el caso de Clemente Ruiz García, y tan sólo el hecho de que pudiera tener las claves del ordenador de su compañero y la responsabilidad que se le supone al cargo que ocupaba, la mantienen imputada.

El propio informe inicial de la Policía Nacional, que se mantiene y amplía con nuevas investigaciones, considera que el centro de atención está en el ex cajero, descartando totalmente cualquier responsabilidad de Lebrero de Celis, una circunstancia que a la larga va a jugar a favor de la imputada y en contra de la acusación, en este caso el Ayuntamiento.

Siete a diez años
Según fuentes consultadas por este periódico, son ya dos años los que Lebrero de Celis permanece suspendida de empleo y sueldo, cobrando los 600 euros a que obliga la ley en estos casos. Aun en el supuesto de que el juicio se celebrara ya, no se podría hablar de una sentencia en firme hasta entre siete y diez años tras los recursos pertinentes.

Teniendo en cuenta que Clemente Ruiz García ha cumplido ya 20 meses de cárcel, aun en el caso de ser considerado culpable, habría cumplido casi la mitad de la condena que se le impusiera y eso teniendo en cuenta que el ex cajero asegura que el demoledor informe de la Policía Nacional que sustenta su acusación será rebatido “en su momento”.

A la ex cajera le quedaría todo ese tiempo suspendida de empleo y sueldo por el que el Ayuntamiento tendría que indemnizarla -o sea, los contribuyentes de San Fernando- independientemente del daño moral y el daño psicológico que entraña soportar una acusación que al final podría ser infundada.

Y todo eso en el caso de que la enfermedad que padece, presuntamente motivada por las circunstancias expuestas, no pase de donde está en la actualidad. En tal caso también tendría consecuencias para los responsables municipales y judiciales, aunque las administraciones a las que pertenecen asumirían subsidiariamente los daños díficilmente cuantificables. Esto es y volviendo a lo mismo, los contribuyentes siguen pagando.

Las prisas por denunciar evitaron la investigación a fondo
Mientras que el principal imputado en el presunto desfalco de la Caja municipal, Clemente Ruiz García, considera que las prisas de los responsables administrativos y políticos por denunciar el supuesto alcance en las arcas municipales pueden haber evitado que se conozca lo que realmente ocurrió y que el asegura que aclará en el cómo y el porqué, los investigadores policiales se han quejado siempre de haber sido una de las causas por la que las acusaciones contra el ex cajero tienen menos consistencia de la que podrían haber tenido.

De esta forma, si el aparente descontrol en las cuentas públicas que señala la Cámara de Cuentas y que el ex cajero niega hubiera evitado que el interventor o tesorera se hubieran dado cuenta de la falta de fondos, lo normal hubiera sido que la denuncia se hiciera en secreto y con tiempo para que la Policía hubiera instalado cámaras de grabación en las dependencias.

Sin embargo y si no existía ese descontrol que la Cámara de Cuentas se encontró a posteriori y que fue preparado para despistar, como dice Clemente, los responsables municipales deberían de haber presentado la denuncia a la menor duda de que algo no funcionaba bien en las cuentas, lo que al parecer no denotaron.

De todas formas y siempre según las fuentes consultadas por este periódico, los investigadores se encontraron ya con una situación viciada para llevar a cabo su trabajo y las únicas pruebas palpables que encontraron fueron las que hacían referencia a los gastos de Clemente Ruiz García, muy por encima de sus ingresos como funcionario municipal y de las pérdidas de su negocio.

Encontrar más presuntos culpables en Economía fue imposible por cuanto incluso la comisión por omisión precisa demostrarse fehacientemente, y eso es más difícil que encontrar el resto del dinero que no dejó rastro. Como los posibles pagos al contado.

La Policía mantiene las pruebas contra Clemente Ruiz
La Policía considera que existen documentos que justifican el destino de unos cuatro millones de euros y que están contemplados en las diligencias practicadas desde el principio. Entre esas posibles pruebas que el ex cajero piensa refutar en su momento, están los 249.000 euros ingresados en CajaSur entre el mes de enero de 2005 y el mes de mayo de 2009, independientemente del ingreso de las nóminas de Clemente Ruiz, que ascendían a unos1.800 euros al mes.

Esas cantidades se ingresaron en 227 operaciones y también se citan otras operaciones de gastos que superaban con mucho los ingresos provenientes del salario mensual del ex cajero. Aproximadamente el doble de su sueldo y teniendo en cuenta que el resultado de la explotación de la inmobiliaria Nora, propiedad del ex cajero, era altamente deficitario.

A los ingresos y gastos de esta entidad bancaria, en los que se encuentran pagos de diversos alquileres y avales a la familia marroquí que ha estado en candelero desde el principio, se suman los contabilizados en Caja Granada, un total de 190 ingresos de cantidades en efectivo de 185.075 euros entre septiembre de 2005 y mayo de 2009.

En ambos casos y en lo que se refiere a la última fecha aportada, después de ser detenido, lo que da la razón al juzgado que lo dejó en libertad al decir que si hubiera destruido pruebas hubiera tenido tiempo de hacerlo desde que lo dejaron en libertad con cargos hasta que ingresó en prisión. Una incongruencia más del proceso, también aplicable al resto de personas que tuvieran acceso a cualquier documentación sensible.

No obstante, la dificultad no está en encontrar esas cantidades hasta sumar los cuatro millones de euros que se cree que tiene controlados la Policía -controlar es conocer su destino y el camino seguido, no que se pueda recuperar- sino demostrar que ese dinero que se mueve es el mismo que salía de la Caja municipal.

Facturas falsas
Las diligencias policiales también señalaron -que es más fácil de demostrar al contrastarlo con los interesados- una treintena de facturas falsas que simulaban operaciones realizados por la Inmobiliaria Nora y que justificarían los ingresos bancarios.

La Policía contactó con las personas que aparecían en tales facturas y reconocieron que no habían realizado ninguna operacion de compraventa con la inmobiliaria de Clemente Ruiz García.

El cobro de talones cuando en la Caja había dinero suficiente para hacer los pagos, la famosa hoja de Caja que supuestamente reflejaba fielmente la diferencia entre ingresos y gastos, pero que consignaba una cantidad inferior al sumarle lo que quedó del día anterior, son otros elementos en los que la Fiscalía se basa para mantener la acusación al ex cajero, aunque insuficientes para que no pudiera eludir la libertad conseguida la semana pasada.