Los diferentes ayuntamientos de la comarca de la Costa Noroeste han mantenido un encuentro en Chipiona para acordar acciones frente a los riesgos de la puesta en marcha de la mina de Aznalcóllar. Luis Mario Aparcero, como alcalde de Chipiona; Ramón Galán, como primer edil de Trebujena; los delegados de Transición Ecológica de las localidades vecinas de Rota y Sanlúcar de Barrameda, Pablo Gómez y Carmen Pozo, respectivamente, estuvieron presentes en esta reunión a la que también asistió Rafael Ruiz como presidente del grupo ecologista CANS. Aparcero explicó que “los vertidos que se están produciendo, que pueden ir creciendo, pueden provocar un peligro de contaminación que afectaría a la pesca, la agricultura, el turismo y la salud de las personas”.
Es por eso que los cuatro municipios han alcanzado un acuerdo para elaborar un manifiesto conjunto que llevarán a pleno y solicitar, después, colaboración ciudadana para apoyar esta propuesta. Del mismo modo, las partes implicadas en este acuerdo han anunciado que tratarán de celebrar una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía y la consejera de Medio Ambiente con el objetivo de “mostrar nuestro rechazo total a esta iniciativa dejando patente que lo que haya que hacer en el municipio de Aznalcóllar no sea perjudicial para su economía, pero siempre dentro de un ambiente de sostenibilidad”.
Para el medio natural, al menos, sería muy perjudicial. Así lo apuntó el alcalde de Trebujena, Ramón Galán, que informó acerca de la existencia de informes científicos de la Universidad de Sevilla que evidencian que lo que se está produciendo en el estuario del Guadalquivir “es una barbaridad y puede tener consecuencias muy graves”. Por ello, afirmó que “no nos podemos quedar de brazos cruzados ante una situación que puede tener importantes consecuencias para nuestras generaciones futuras”.
Esta misma idea la reforzó Carmen Pozo, al asegurar que “para nosotros es muy importante velar por la salud de nuestros ecosistemas, que son muy frágiles y la ciencia es algo exacto y los datos están ahí”. Su homólogo roteño, Pablo Gómez, por su parte, apuntó el dedo directamente a la Junta de Andalucía al aseverar que “esto supone un maltrato más a esta comarca”, para después invitar a que “consideren” los “fondos europeos y otros fondos para abrir nuevos nichos económicos” y detener esta situación “porque las consecuencias podrían ser fatales”, concluyó.
Al final, intervino Rafael Ruiz para destacar las consecuencias tan catastróficas que podría suponer estos sucesos al alertar que “puede haber un antes y un después, dado que nos estamos jugando nuestra forma de vida, nuestro futuro, porque, cada vez que llueva, los metales pesados de esas minas llegarán a la cuenca del río”. El presidente de CANS acabó haciendo un llamamiento a todas las asociaciones para que se informen y firmen lo que se va a enviar a las autoridades para que sepan que no estamos de acuerdo”.
