La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen González ha recriminado la intención del Gobierno municipal del Partido Popular de ceder "de manera irregular" la primera planta y las salas polivalentes del edificio El Granadal a la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) por un periodo de 20 años, "con un canon reducido y sin posibilidad de revisión durante la duración de la cesión".
Según ha informado el PSOE municipal en una nota, este asunto ya se llevó al consejo extraordinario del Imdeec el pasado 17 de febrero y fue retirado a petición del PSOE porque las cifras económicas diferían en el cálculo del canon en 200.000 euros.
De hecho, González ha calificado esta concesión como "irregular, un escándalo y un nuevo ejemplo de la política de amiguismo del Partido Popular", señalando que esta decisión impide que otras entidades empresariales, colectivos sociales o asociaciones sin ánimo de lucro "puedan optar a este espacio en igualdad de condiciones, o que el propio Ayuntamiento pueda hacer uso de sus instalaciones sin las necesita durante 20 años".
Por ello, desde el PSOE han afeado los "puntos clave" de esta cesión. De un lado, han señalado la "falta de transparencia y concurrencia pública", ya que, a su juicio, la concesión se ha otorgado directamente a una entidad de ámbito nacional "sin permitir la participación de otras organizaciones que también trabajan en defensa del tejido empresarial y del autoempleo".
"Además, se incumple el Reglamento de Participación Ciudadana del Consistorio en el que el artículo 35.2 en su apartado B recoge que entre las funciones del Consejo del Movimiento Ciudadano está la de emitir informe en el caso de "la cesión y uso del patrimonio municipal", ha declarado la 'socialista', alegando la "ligereza con la que se ha tratado el asunto, desde que se inicia el expediente hasta su culminación pasan la friolera de tan sólo 34 minutos".
Asimismo, el PSOE de Córdoba ha apuntado que en el decreto de inicio del expediente firmado el 12 de febrero a las 12,05 horas aparece que debe ser publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Salvo error, a día de hoy no aparece este expediente en dicha plataforma, y sin embargo la propuesta de adjudicación se firmó el 12/02/2025 a las 12:39 horas.
También, la edil ha agregado que plantean "un canon irrisorio", por lo que el coste que ATA deberá asumir por este espacio está muy por debajo de su valor real y "supone un uso ineficiente de los recursos municipales".
"El canon que deberían aplicar es de 63.401,37 euros anuales, pero el IMDEEC argumenta que debido a unas obras que ATA va a acometer de mejora de supuestamente 781.573,33 euros se reduce el canon a 24.322,71 euros", ha explicado.
Por otro lado, desde el PSOE han indicado que "llama la atención que para el cálculo del canon que deberá pagar ATA se estima un coste de obras de 200.000 euros menos que lo calculado inicialmente por la asociación para realizar las obras, de 586.208,78 euros incluyendo tasas y licencias de obras".
Del mismo modo, ha criticado que también que el pliego que rige esta cesión recoge que "el Imdeec no avalará ninguna operación financiera, no participará, de ninguna forma, en la financiación de obras", así como que "el concesionario vendrá por tanto obligado al pago de todos los impuestos, tasas, arbitrios, gravámenes y exacciones de cualquier clase".
"Según su propio pliego no es posible realizarle esta rebaja al canon que deben abonar a la ciudad por el uso de esos espacios a costa de ninguna obra, tasa o licencia que deban abonar para hacer uso de las instalaciones, sin embargo, al PP les da igual, con tal de satisfacer la necesidad particular de ATA y no pensar en el bien común", ha afirmado la concejala.
Por último, el Grupo Socialista ha afeado también "la ausencia de justificación del interés general", ya que Gómez recalca que "el expediente recoge las 90 páginas de memoria de actividades de ATA de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 de la entidad de ámbito nacional, donde Córdoba sólo aparece una sola vez al referir que en el 2021 se realizaron campañas de fomento del trabajo autónomo".
Asimismo, ha tilda de "curioso" que el domicilio social esté en Córdoba, pero el fiscal no, ya que está fijado en Madrid. Ante esta situación, el PSOE de Córdoba ha exigido al Gobierno municipal que dé marcha atrás en esta decisión y abra un proceso de concurrencia pública que garantice la igualdad de oportunidades en el uso de este espacio. También ha anunciado que, de continuar, estudiarán llevar este asunto a la Fiscalía.
"Desde el PSOE de Córdoba vamos a seguir denunciando estas prácticas y defendiendo una gestión municipal transparente, justa y en beneficio de toda la ciudadanía, no sólo de los amigos del PP", ha concluido la concejala 'socialista'.
