El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en la mañana de este miércoles el real decreto ley para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, permitiendo que se establezca un reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de España. El decreto entrará en vigor este jueves, 20 de marzo, aunque deberá ir ser convalidado en el Congreso de los Diputados.
En un documento de 15 páginas, el denominado "Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia" recoge un nuevo artículo 35 que establece criterios para la distribución de menores, como la población, la renta per cápita, la tasa de paro, el esfuerzo realizado anteriormente, el número de plazas para la acogida o la condición de ciudad fronteriza o de insularidad.
Según explicó este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, las comunidades autónomas deberán aportar antes del 31 de marzo el número de menores extranjeros no acompañados que hay en sus territorios, con la idea de conocer la capacidad de acogida de cada una de ellas.
El dato se obtendrá de dividir la población total de cada una a 31 de diciembre del año anterior, por el cociente resultante de dividir la población total de España entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español, según los datos que envíen las comunidades hasta el 31 de marzo de 2025, y previa inscripción en el registro de menores y certificación del Ministerio de Juventud e Infancia.
La publicación de esta reforma en el diario oficial se da un día después de su aprobación en el Consejo de Ministros, tras el acuerdo cerrado este martes entre el Gobierno y Junts para reformar la Ley de Extranjería y para la distribución de los menores que se encuentran ahora en territorios tensionados por la presión migratoria. Según los de Carles Puigdemont, de los 5.000 niños y adolescentes que están bajo tutela de Canarias, Cataluña recibiría entre 20 o 30 mientras que a Madrid le corresponderían 700.
