La 'zoomafia' llega al Parlamento Europeo

El próximo día 24 del presente mes, el Parlamento Europeo debatirá en una reunión del Comité de Peticiones el problema de la ‘zoomafia’ dentro de las fronteras comunitarias, especialmente se hablará sobre el tráfico ilegal de animales, sobre todo perros y gatos abandonados, desde países como España, Grecia, Portugal, Italia o Turquía, hacia Alemania y Austria, donde, tal y como denuncian numerosas asociaciones proteccionistas, se les pierde la pista a la mayoría de los mismos.

Dentro de la ingente documentación con la que contarán eurodiputados como Karen Lone, y que será utilizada para la exposición de esta problemática, se les ha remitido el artículo publicado por este medio en diciembre del pasado año, en el que se habla de la posibilidad de que la ‘zoomafia’ esté actuando en la provincia de Cádiz, tal y como vienen a demostrar algunos indicios descubiertos por el Seprona. El artículo en cuestión ha sido remitido dentro del informe tercero por la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Álava “Vicky Moore”, que lleva años denunciando el tráfico de perros y gatos abandonados desde España hacia países como Alemania.

El Parlamento Europeo debatirá sobre la exportación ilegal de perros y gastos callejeros de España, siendo Rosa Letamendia Pérez de San Román, presidenta de la citada sociedad protectora, la peticionaria, quien a su vez hace referentecia “al gran número de perros y gatos callejeros que se exportan sin ningún tipo de control desde España a otros Estados miembros de la UE donde les espera un futuro incierto”, tal y como también ha llegado a sospechar el Seprona tras sus actuaciones en la provincia de Cádiz y de las que se hizo eco este periódico.

En la petición se indica que “se trata de una grave violación de la normativa de la UE en materia de disposiciones zoosanitarias que rigen el comercio y el transporte de animales de compañía entre los Estados miembros” y “considera que el problema de los animales de compañía abandonados en España y el comercio con estos animales debe solucionarse de una manera eficaz y respetuosa con los mismos, y por ello pide al Parlamento Europeo que intervenga”. La petición insta al Consejo, al Parlamento Europeo y a la Comisión a hacer “uso de sus competencias para tomar las medidas adecuadas a fin de abordar la falta de actuación que se ha observado en las autoridades españolas”.

Un tema que no es nuevo dentro del Parlamento, de hecho, el 30 de diciembre de 2010, se presentaba igualmente una reclamación sobre este tema al propio presidente Barroso.

Y es dentro de la ampliación de pruebas que la citada sociedad presenta para respaldar sus peticiones, aparece el artículo publicado en este medio sobre la ‘zoomafia’ y su relación con la provincia de Cádiz. En el artículo se describe como el Seprona, tras intervenir varios camiones con perros abandonados procedentes de distintas residencias caninas de municipios como El Puerto de Santa María y Chiclana, entre otros. De hecho, también se mantuvo bajo vigilancia este año 2012 un transporte de perros abandonados que partía desde Medina Sidonia, en la comarca de La Janda.
Firmas de pasaportes falsificadas, microchips vacíos, animales sin registrar, destinos poco claros, viajes infernales a través de Europa en condiciones de salubridad pésimas, son algunas de las cuestiones que se debatirán en el Parlamento Europeo el próximo día 24 de abril a partir de las 10.30 horas, y que también forman parte de las investigaciones abiertas por el Seprona y las fiscalías de Medio Ambiente en España, también en la provincia de Cádiz como recogía el artículo publicado en diciembre del pasado año.

Para los colectivos y sociedades protectoras sí es posible combatir la ‘zoomafia’ pero para ello no tienen duda de que debe existir una coordinación entre las fuerzas de seguridad del Estado, las fiscalías y la prensa que “debe hacerse eco de este drama de una forma objetiva”.

Por ahora ya es una pequeña victoria que el tema llegue de nuevo al Parlamento Europeo, puesto que se ha incluido en el proyecto del orden del día de la reunión de la Comisión de Peticiones a celebrarse esta semana entrante en Bruselas.

Allí se presentará un informe de la citada sociedad protectora de animales donde se describe la ausencia de control en la identificación de “muchos de los animales exportados”; el incumplimiento “sistemático de la normativa europea en los transportes intercomunitarios de perros y gatos abandonados”; se denuncia la “desidia, ausencia de transparencia en la gestión y veto al derecho a la información”, sobre todo en el control de perreras y refugios; y por último, el informe recoge un apartado donde se indica que es posible erradicar la ‘zoomafia’ y las redes internacionales dedicadas a tales fines, siendo en este punto donde ponen como ejemplo la operación llevada a cabo por el Seprona de Cádiz y publicada por este medio.

Actuación del Seprona

El citado artículo recogía cómo ell Seprona, grupo dependiente de la Guardia Civil creado para velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, acababa de concluir una investigación que prácticamente ponía en evidencia “la existencia de una amplísima red dedicada, entre otros menesteres, al tráfico de animales para fines algunas veces ilegales, otras rozando la ilegalidad, pero en todo caso, de ética deleznable y en la que las víctimas, cientos de perros, miles incluso, sufren un continuo maltrato”.

La investigación estaba, y está en manos del Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María, con el apoyo de la Fiscalía de Medio Ambiente, y con tres imputados judicialmente, mientras que 11 personas estaban pendientes de que la imputación policial, tal y como refleja la última ampliatoria del atestado presentado por el Seprona, se hiciera efectiva mediante orden judicial.

El artículo señalaba que “la investigación realizada por miembros del Seprona de Cádiz apenas deja lugar a dudas y lo que comenzó con la interceptación de una furgoneta de alquiler en la que se transportaban, en pésimas condiciones y con cartillas veterinarias falsificadas, una treintena de perros, se convirtió en la punta de un iceberg bajo el cual se esconde una compleja trama internacional que alcanzaría, siempre presuntamente, a investigadores y a empresas farmacéuticas con sede en Italia y Alemania”.

La actuación más destacable ocurría el 9 de julio de 2011.”Los termómetros marcan 42 grados. Los relojes dicen que son las 11 de la mañana. Como indica el atestado, una furgoneta de alquiler de Atesa llega a C. (siglas), una residencia canina de Chiclana, y allí cargan más de una veintena de animales. A las 14.30 horas parten hacia El Puerto de Santa María, una residencia canina llamada (sólo sus siglas) L.L. Descargan algunos perros y la furgoneta vuelve a emprender viaje a las 16.30 horas. Los termómetros marcan 43 grados. En el interior del vehículo se hacinan 26 perros, exactamente en la parte trasera de carga, sin ventilación”.

Su destino: Italia. “Aunque la carga nunca llegaría a su destino porque un grupo del Seprona detuvo la furgoneta nada más salir de L. L. Los agentes imputaron al conductor del vehículo, una vez trasladado a la Comandancia, por un delito de maltrato animal y días más tarde, tras unas primeras pesquisas, a dos veterinarios por falsedad documental, dado que las cartillas estaban falsificadas con algunos de los chips dados de baja”.

Los agentes encargados de la investigación descubrieron un sinfín de pruebas e indicios que apuntaban a una trama internacional y que, según unos primeros cálculos, podría llevar desde el año 2007 sacando unos mil perros al mes, sólo de las perreras españolas.

Ahora esté caso servirá de ejemplo el próximo día 24 de abril en el Parlamento Europeo sobre cómo se puede luchar contra la ‘zoomafia’.

El objetivo es que el Parlamento Europeo comience a actuar y presiones a los países miembros para, juntos, acabar con el tráfico ilegal de perros y gatos.