El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado hoy que el Estado suprimirá todas las mancomunidades y ha recordado que las Diputaciones asumirán las competencias de aquellos ayuntamientos que no cumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
En una rueda de prensa posterior a la presentación del 'Estudio de la Autorización Ambiental Integrada', Beteta ha explicado que esta decisión se enmarca en el contexto de reforma de la Administración Local que ha presentado el Gobierno y que quiere pactar con el PSOE y otros partidos políticos.
"Se trata de una racionalización que traerá importantísimos ahorros que se cuantificarán en el momento en el que se termine de cerrar la negociación política", ha señalado Beteta, quien ha advertido de que, en el caso de que no haya acuerdo, "se hará de todos modos".
Así, ha avanzado que las mancomunidades (entidad legalmente constituida por agrupación de municipios) "se suprimirán todas", mientras que las Diputaciones gestionarán las competencias municipales de aquellos ayuntamientos que, al incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no puedan prestar "con eficacia y eficiencia" los servicios públicos.
Beteta ha señalado, asimismo, que la eliminación de las mancomunidades traerá consigo la supresión de cargos públicos y que, a través de la Ley de Transparencia, "se procederá a una racionalización y homogeneización de los distintos niveles salariales".
También se ha referido a un informe realizado por el Instituto de Estudios Fiscales "que demuestra que es 20 veces más barato la prestación de un servicio global por parte de una Diputación a los municipios pequeños, que la prestación individualizada de los mismos".
"El Gobierno entiende que no es en absoluto exigible la supresión de municipios, pero sí es exigible que todos los municipios cumplan con la estabilidad presupuestaria, que gasten sólo lo que ingresan", ha subrayado en secretario de Estado de Administraciones Públicas.
En este sentido, ha indicado que, "en el largo proceso del pago a proveedores" se ha detectado que unos 3.000 ayuntamientos, de los 8.116 existentes, no han cumplido con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, en consecuencia, "no podrían seguir gestionando sus propios intereses".
"Se trata de redefinir las competencias y establecer claramente cuáles son las competencias propias que tienen los ayuntamientos y la obligación de cumplirlas con los recursos propios", ha explicado.
Una vez que tengan satisfechas estas competencias con sus propios recursos -ha comentado- "podrán pasar a negociar competencias que son propias de las comunidades autónomas a través de convenios".
