La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha decidido mantener la fianza de 450.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández para poder abandonar la prisión de Morón de la Frontera (Sevilla), donde permanece interno desde el pasado día 24 de abril por su presunta implicación en el caso.
En un auto notificado este martes a los partes, Alaya rechaza la petición del abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, que había pedido a la magistrada su puesta en libertad sin fianza, o bien una "rebaja sustancial" de la fijada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, o bien que "permita que la que se fije pueda ser consignada en cualquier forma legalmente establecida", han informado fuentes del caso.
En el auto, la magistrada pone de manifiesto que fue el día 12 de julio cuando la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla le impuso la fianza de 450.000 euros, por lo que considera que por el momento no ha transcurrido el tiempo suficiente para concluir que no ha podido reunir el dinero para que se proceda a su excarcelación.
Esta decisión de la magistrada se produce un día después de que la Fiscalía Anticorrupción también expresase su oposición a la petición del exconsejero de Empleo para que se rebajase la fianza de 450.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla.
SÍ REBAJÓ LA FIANZA IMPUESTA AL EXCHÓFER DE GUERRERO
Fue el pasado día 24 de julio cuando el abogado del exconsejero de Empleo presentó un escrito en el que pedía a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, su puesta en libertad sin fianza, o bien una "rebaja sustancial" de la misma, acompañando su solicitud de diversa documentación en la que figura que su cliente cobraba 93.000 euros anuales como consejero y 60.000 euros como presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez.
Esta decisión contrasta con la adoptada este mismo lunes por la propia magistrada, quien decidió rebajar a 75.000 euros la fianza de 150.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla a Juan Francisco Trujillo, exchófer del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, en prisión desde el pasado mes de marzo imputado por 22 delitos en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y que llegó a confesar, entre otras cosas, que gastó 25.000 euros mensuales procedentes de ayudas públicas en cocaína.
La magistrada adoptó esta decisión después de la petición de la defensa de Trujillo para que su patrocinado quedase en libertad sin fianza ante la imposibilidad de reunir los 150.000 euros fijados el pasado mes de junio por la Audiencia Provincial, petición a la que se opuso la Fiscalía Anticorrupción.
EL VERANO, EN PRISIÓN
En el auto, la juez argumentaba que la fianza impuesta a Trujillo "excede de sus posibilidades económicas", pues "ha transcurrido mes y medio desde que dicha fianza se impusiera y la misma no ha podido prestarse para su puesta en libertad provisional", mientras que los saldos de sus cuentas bancarias analizadas "son negativos".
No obstante, "queda por efectuar la búsqueda sobre otros posibles bienes, pues tampoco deben perderse de vista las cuantiosas subvenciones recibidas por Trujillo hace unos años --900.000 euros-- y que las mismas se destinaron, según el imputado reconoció en su declaración judicial, a usos personales distintos de aquellos para los que fueron otorgadas".
Quien tampoco ha podido reunir la fianza de 250.000 euros que le impuso la juez para salir de la cárcel ha sido Francisco Javier Guerrero, de forma que es muy probable que los tres imputados que se encuentran en prisión pasen el verano allí y no sea hasta septiembre cuando pueda haber alguna novedad en torno al caso.
