La Guardia Civil se ha incautado de miles de objetos procedentes de yacimientos terrestres y de pecios en una operación contra el expolio desarrollada en 19 provincias españolas, entre ellas las ocho andaluzas --Córdoba, Cádiz, Málaga, Huelva, Granada, Jaén, Almería y Sevilla--, así como detectores de metales, planos cartográficos y material para la limpieza de los objetos expoliados, entre otros.
Según ha informado el Instituto Armado, la operación 'Piteros' para la prevención del expolio de patrimonio arqueológico terrestre y marino ha sido llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en Cuenca, Cuidad Real, Toledo, Valladolid, Soria, Cáceres, Badajoz, Pontevedra, A Coruña, Murcia y Alicante, además de en las referidas ocho provincias andaluzas.
Esas actuaciones se han centrado en la detección de personas o grupos dedicados a este tipo de expolios mediante el uso de aparatos detectores de metales en tierra o bien a través de tecnología radar para la detección de los bienes sumergidos bajo el mar.
En total, se han desarrollado 1.649 servicios, en los que se han realizado 751 inspecciones, se han identificado a 139 personas y se han formulado 67 denuncias administrativas, 31 de las cuales han sido por la normativa sobre Patrimonio Histórico.
Asimismo, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha identificado diez embarcaciones en el dispositivo de vigilancia de expolio marino de los pecios que existen en las costas españolas.
En el ámbito marino, se ha detectado la presencia de buques con radares especializados y buceadores que se dedican a expoliar los pecios acuáticos.
Según han indicado a Europa Press fuentes de este cuerpo, desde Alicante han participado "de forma activa" en esta operación, a través del Grupo de Especialidades Subacuáticas de la Guardia Civil, el Servicio Marítimo Provincial y las patrullas fiscales por tierra, que han efectuado vigilancias tanto diurnas como nocturnas.
Para llevar a cabo esta operación, la Guardia Civil ha mantenido contactos con otras instituciones de la administración para dar a conocer el plan especial de protección del patrimonio arqueológico, que pretende "sensibilizar a la ciudadanía" para evitar la apropiación indebida de bienes que constituyen patrimonio histórico español.
Según las mismas fuentes, utilizan detectores en zonas donde se tiene conocimiento de yacimientos arqueológicos que no están siendo protegidos, para posteriormente comercializarlos de forma ilegal.
La Benemérita recuerda que la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español prohíbe expresamente la búsqueda, sin autorización, de restos arqueológicos y señala que si estos fueran hallados de forma casual o previa autorización deben de ser entregados inmediatamente a la administración.
Imprimir
