La vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP-A y portavoz de Vivienda del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Alicia Martínez, ha acusado este martes al presidente de la Junta de Andalucía de contar a día de hoy con "credibilidad cero" para hablar de la función social de la vivienda después de haber tenido "tolerancia cien" con los desahucios en el periodo comprendido entre 2008 y 2011, cuando se produjeron en España "bajo los mandatos socialistas de Rodríguez Zapatero, Chaves y el propio Griñán" un total de 63.458 ejecuciones hipotecarias.
En rueda de prensa, Martínez ha utilizado esta cifra para criticar que "los Gobiernos socialistas no hicieron nada por ayudar a los afectados por las hipotecas o los desahucios" y que ahora, por tanto, no tienen "credibilidad" alguna para erigirse como los que defienden la función social de la vivienda cuando durante estos años, a su juicio, "se han tapado los ojos" y no han cumplido siquiera los planes de vivienda aprobados por la Administración autonómica.
"¿Por qué no lo han hecho antes?", se ha preguntado para acusar también a Griñán de no hacer "nada" frente a los desahucios igual que "no controló los ERE". "¿O es que los 16 inmuebles de Lanzas tienen algo que ver con las función de la vivienda?", ha cuestionado.
La 'popular', que ha recordado a lo largo de toda su comparecencia que ha sido el Gobierno de Mariano Rajoy el "primero y el único que ha paralizado las expulsiones de las viviendas, que ha regulado la dación en pago con carácter retroactivo y que ha puesto a disposición de las familias más vulnerables un fondo social de casi 6.000 viviendas", ha lamentado que sea el Ejecutivo del PP el que tenga que cargar con la "herencia" de desahucios aprobados durante el Gobierno socialista --ya que su tramitación dura de media dos años y medio, según ha explicado-- mientras que la Junta de Andalucía "mantiene más de 5.000 viviendas vacías" de su parque público de viviendas en lo que ha calificado de una "nefasta política" en esta materia.
"Son ellos (los socialistas) los que han incumplido el Plan de Vivienda Concertada, los que no han pagado las ayudas al alquiler ni a los inquilinos ni a los propietarios de viviendas vacías como denunció el Defensor del Pueblo y los que, después de esta política nefasta, ahora transigen porque están atrapados en un pacto de silencio con IULV-CA en un decreto que no conduce a nada, que no tiene dotación presupuestaria, que lo aplaza a desarrollo reglamentario y que se nutre además en legislación básica estatal que hoy está en tramitación gracias al PP", ha recalcado.
Por todo ello, Martínez concluye que al "bipartito", y principalmente al PSOE-A, solo le interesa "confrontar" con el Gobierno central a través de este decreto porque, tal y como ha reiterado, "nunca ha estado interesado en la función social de la vivienda". Eso se demuestra, ha argumentado, en que el Gobierno andaluz ha declarado que esta medida solo va a solucionar el problema de unas 200 familias, ante lo que se ha preguntado "si de verdad la Junta, con 32.000 millones de euros de presupuesto, no es capaz de solucionar el problema de 200 familias en Andalucía".
"En los últimos años el Gobierno socialista ha desmantelado la política social de vivienda, por eso cuando ahora el presidente Griñán habla de la función social de la vivienda tiene credibilidad cero porque ha tenido tolerancia cien con todos los desahucios de Andalucía. Porque han recortado año tras año el presupuesto de vivienda hasta cerca de un 70 por ciento y porque EPSA ha funcionado con criterios especulativos en vez de con criterios sociales", ha reiterado.
En este punto, ha recordado que fue EPSA la que "promocionó urbanizaciones de viviendas libres de segunda residencia en playas como CostaBallena o El Tollo, y la que ha estado subastando suelo público para vivienda protegida al mejor postor", razón por la que ha considerado que "la Junta es la mayor inmobiliaria de Andalucía", ya que gestiona "más de 81.000 viviendas".
EXIGE LA COMPARECENCIA DE CORTÉS
Ante ello, ha preguntado a la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, "cuándo va a poner a disposición de los afectados por desahucios las viviendas que tiene en venta" y cuándo "va a justificar los 27.364.000 euros que el Gobierno de la Nación ha transferido a la Junta" para su Plan de Vivienda 2005-2008 y que la Administración autonómica, según ha incidido, "no ha dicho aún en qué lo ha gastado".
"Queremos que los justifique inmediatamente", ha señalado Martínez, quien ha explicado que su grupo ha pedido la comparecencia parlamentaria de Cortés para que aclare por qué "casi cinco años más tarde no se han ejecutado más de 27 millones de euros".
ENMIENDAS PARA "MEJORAR" EL TEXTO
Cuestionada por los periodistas sobre cuáles van a ser las enmiendas al texto del decreto ley que el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado que va a presentar, la 'popular' se ha limitado a contestar que "irán encaminadas a garantizar la protección de los colectivos más vulnerables y que se aplique una política eficaz y real del alquiler" de las viviendas.
Sobre si el decreto ley de la Junta "copia" las medidas puestas en marcha por el Gobierno de la Nación en esta materia --algo que días atrás pusieron de manifiesto diversas fuentes populares--, Martínez ha aclarado que lo que "copia" el decreto ley regional es "al colectivo al que se protege, que es al mismo, a los más vulnerables". De ahí, ha apostillado, que el PP considere que las medidas del Gobierno son suficientes para solucionar el problema de los desahucios y que estime que lo relativo a la expropiación del uso de las viviendas vacías "se solapa con el decreto del Gobierno de los deudores hipotecarios, que es lo que ha paralizado los desahucios de los colectivos más vulnerables".
Por todo ello, en su opinión, es por lo que el Gobierno dice que está "analizando" el decreto ley, aunque no ha entrado a confirmar si lo va a recurrir o no porque ya ayer el secretario general del PP-A, José Luis Sanz, dijo que no se "perderá tiempo" en eso. "Cualquier decreto que se ponga sobre la mesa mientras se modifica una normativa estatal hay que analizarlo y verlo. Y eso es lo que se está haciendo", ha concluido.
