La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez Mercedes Alaya que imponga una fianza de responsabilidad civil de 145 millones de euros al 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, y de 19 millones de euros a su esposa, Patrocinio Sierra, ambos imputados en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.

   Esta petición de fianzas civiles se produjo en el marco de la nueva investigación desarrollada por la Guardia Civil por el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE, aunque el dato se ha conocido después de que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla haya levantado el secreto de sumario.

   Según el acta de la audiencia sobre medidas cautelares celebrada el pasado 9 de mayo, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público consideró que en el caso de Lanzas "concurren los presupuestos que justifican" la solicitud de la fianza civil "con el objetivo de facilitar el mayor reintegro posible de los fondos públicos malversados".

   Para la fianza, Anticorrupción toma como base los informes de la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones de 3 de marzo en torno a las primas abonadas por la Junta de Andalucía por pólizas en las que el imputado, de forma indiciaria, intermedió para que las mismas fueran abonadas con fondos públicos.

8,6 MILLONES EN "SOBRECOMISIONES"

   Según la Fiscalía, el importe total conforme a dichos informes asciende a 103,1 millones de euros, donde se incluye "lo que se ha venido a denominar sobrecomisiones", de las que el imputado "se ha beneficiado en una cuantía de 8,6 millones, básicamente a través de su inclusión y la de su esposa como intruso", así como por "la facturación de diversas sociedades englobadas" en el entramado 'Atrado' y a través de sociedades vinculadas a su cuñado, Ismael Sierra.

   A la cantidad reseñada de pagos de primas realizados por la Junta, Anticorrupción entiende que hay que sumar los importes que el imputado "ha venido a cobrar de empresarios que se han beneficiado de las pólizas financiadas por la Junta, permitiendo la amortización de su plantilla sin prácticamente coste para ellos".

   La Fiscalía considera que dichas cantidades "habrían sido percibidas tanto en efectivo como mediante facturación de las empresas del entramado 'Atrado' y vinculadas a Ismael Sierra a las empresas beneficiarias de forma ilícita", ascendiendo el importe de ello a 5,4 millones. A todas las cantidades mencionadas le suma la Fiscalía el tercio legal previsto, por lo que pide una fianza de 145 millones.

2,1 MILLONES DE FIANZA PARA EL CUÑADO DE LANZAS

   Respecto a su esposa, Anticorrupción considera que "ha de responder de las ganancias que de forma ilícita obtuvo" su marido por su intervención en la concertación de las pólizas de rentas y ayudas a empresas en las que intervino, cantidad que fija en 8,6 millones y a la que suma los 5,4 millones anteriores más el tercio legal para pedir una fianza civil de 19 millones.

   En relación a Ismael Sierra, alude a las sociedades relacionadas con el imputado "que de forma ficticia facturaron a las empresas del holding Vitalia y a otras beneficiarias de pólizas de rentas financiadas con fondos de la Junta, que les permitieron la reducción o extinción total de su plantilla sin coste alguno para ellos", cifrando todo ello en 831.898,79 euros y 697.211,20 euros, respectivamente. Para este imputado, solicitó una fianza civil de 2,1 millones de euros.

   Por último, y en relación al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, a quien la juez ya impuso una fianza civil de 686 millones de euros, la Fiscalía pidió la ampliación del embargo y las anotaciones preventivas acordadas en decreto de 10 de mayo de 2012, para lo que tuvo en cuenta la información bancaria facilitada por la Guardia Civil.

GUERRERO ALEGÓ PAGOS "PERENTORIOS" PARA RECHAZAR EL BLOQUEO DE CUENTAS

   El abogado de Guerrero, en este sentido, se opuso a lo interesado por la Fiscalía y pidió tres días para aportar la documentación relativa a una serie de cuentas mencionadas por el Ministerio Público "que ni siquiera pertenecen" a su representado, solicitando que en alguna de ellas, "en vez del bloqueo, se trabe embargo, ya que se encuentran domiciliados pagos perentorios y necesarios que con la medida del bloqueo impedirían realizar ingresos".

   De su lado, el letrado de Ismael Sierra también se opuso a lo solicitado por la Fiscalía pues "no contamos con datos o con los datos que se hacen imprescindibles para articular una oposición a la medida solicitada con el rigor que la misma exige".

   En la vista no estuvo presente el abogado de Juan Lanzas, pero la juez acordó celebrar la comparecencia de medidas cautelares "dado el número de partes personadas y la complejidad para hacer coincidir las respectivas agendas de los diferentes letrados", no obstante lo cual dio traslado a la representación del imputado para "que pueda alegar lo que a su derecho convenga" en un plazo de tres días.