El abogado del el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero acusó a la juez Mercedes Alaya de elaborar "una teoría conspirativa nada cercana a la realidad" en el auto por el que ordenó su ingreso en prisión provisional en relación a la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta.

   El pasado día 20 de marzo, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ordenó el ingreso en prisión de Guerrero en el marco de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil por el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.

   Tras ello, el letrado recurrió la decisión de la juez y presentó un escrito, consultado por Europa Press, en el que criticó que Alaya elaboró en su auto de prisión "una teoría conspirativa nada cercana a la realidad", rechazando la existencia de riesgo de fuga, pues "nada hay en el comportamiento de Guerrero que haga pensar que quiera eludir sus compromisos judiciales".

   En este escrito conocido después de que la juez haya levantado el secreto de sumario, el abogado de Guerrero señalaba que "no puede afirmarse que el imputado pueda obstaculizar las diligencias de investigación" realizadas dentro del secreto, punto en el que criticaba que dicho secreto podría haberse malogrado "a base de las continuas filtraciones de las que tenemos conocimiento a través de la prensa" y que "parten de la propia dirección de la Guardia Civil".

   También consideró "contradictoria" la afirmación de la juez sobre la presión que el imputado pudiera ejercer sobre otros imputados para los que se pudiera decretar prisión preventiva, pues "es en este caso en el que la única oportunidad que tendría Guerrero de presionarles sería la de coincidir con ellos en prisión, haciéndose ilusa en el caso de que esté en libertad".

EXCARCELADO DE OFICIO

   Igualmente, defendió la colaboración ofrecida por el imputado, que "contestó a todas y cada una de las preguntas que le fueron formuladas" durante su declaración judicial, solicitando que, de no ser estimado el recurso de reforma, Guerrero fuera excarcelado de oficio una vez se levantara el secreto sumarial.

   No obstante, la juez dictó un auto el 23 de abril, consultado por Europa Press, en el que rechazaba su puesta en libertad argumentando que, antes de su declaración, "se le realizó una exposición detallada de los nuevos hechos que se le imputan, con expresión de fechas, de nombres, de otros partícipes y de cantidades por él consentidas y concedidas y, a su vez, por él presuntamente recibidas en pago de estos favores".

   Guerrero, según la juez, "conoce si estos hechos son veraces, y es obvio que de ser así, él mejor que nadie conoce la posibilidad o el modo de torcer algunas de estas fuentes de prueba e incluso adelantarse a nuevos hechos, conociendo ya la línea de investigación que se está llevando".

"SERIA POSIBILIDAD" DE QUE "FRUSTRE" LA INVESTIGACIÓN

   "El derecho a la libertad del recurrente debe ceder ante la seria posibilidad de frustrar el buen fin de la investigación, sobre todo teniendo en cuenta que son varias las personas de su entorno de actuación que se encuentran en libertad", decía la magistrada en un auto que ha sido recurrido por el imputado ante la Audiencia Provincial.

   Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición de libertad planteada por el exdirector general de Trabajo al entender que, en caso de salir de prisión, existe un riesgo cierto de que el imputado se pudiera dar a la fuga.

   Se da la circunstancia de que Alaya ya decretó hace un año, en concreto el 10 de marzo de 2012, el ingreso de Guerrero en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de hasta seis delitos, en concreto sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.

SEGUNDO INGRESO EN PRISIÓN

   Tras aquella decisión, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social permaneció durante más de siete meses en la cárcel de Sevilla I hasta el día 22 octubre, cuando abandonó la cárcel después de abonar 50.000 euros de fianza.