La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez Mercedes Alaya, que instruye la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta, que indague y practique una serie de diligencias en torno a los pagos realizados a las empresas "vinculadas" a los sindicatos UGT y CCOO por parte de las mediadoras y despachos "de asesores" intervinientes en la tramitación de las ayudas sociolaborales investigadas.
En un escrito remitido este jueves al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público recuerda que en las diligencias policiales de la Guardia Civil conocidas tras el levantamiento del secreto "se recoge que tantos las mediadoras como despachos de asesores que han intervenido en las tramitación de las ayudas sociolaborales han realizado pagos a sindicatos o empresas vinculadas a los mismo".
A fin de "avanzar" en la investigación "sobre la justificación de dichos pagos, las personas y entidades que se hayan beneficiado de los mismos", pide que se oficie a la Guardia Civil "para que aporte relación de las entidades y empresas perceptoras de dichas cantidades, con indicación de NIF y domicilio, entidad, fecha y cantidad que realiza el pago".
Así, pide que esta relación sea remitida a la Agencia Tributaria "al objeto de informar sobre operaciones que conste en sus bases de datos entre dichas entidades y empresas y todas aquellas sociedades o asociaciones que han sido beneficiarias de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas".
Conforme a la relación aportada, pide que se requiera a la representación de las empresas perceptoras de dichos pagos, cuantificados en más de siete millones de euros, "para que aporten al Juzgado justificación documental de los servicios a los que se corresponden dichos pagos, de forma detallada --factura a factura--, con indicación de los trabajos --duración, lugar o periodo-- y personal empleado".
LANZAS
En el escrito, la Fiscalía también indica que en los informes que integran las reseñadas diligencias de la UCO, "en particular" los relativos al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas y a Estudios Jurídicos Villasís, "se recoge con detalle la operativa realizada por algunos de los imputados con distintas cuentas bancarias abiertas en la misma entidad, operativa que no debió pasar inadvertida para los directivos de la misma".
Por ello, interesa que se oficie a la Guardia Civil para que aporte "relación detallada, por entidad y sucursal, de las cuentas bancarias utilizadas por los imputados para el cobro y posterior distribución de las cantidades recogidas en las diligencias policiales, con indicación del periodo de tiempo".
Al hilo, solicita que se oficie al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias "para que informe sobre denuncias, reportes y cualquier actuación de las que haya tenido conocimiento en relación a dichas cuentas", así como que se requiera a las asesorías jurídicas de las entidades de crédito para que aporten detalle "de la persona o personas que desempeñaron el puesto de director e interventor en las sucursales".
LA CÁMARA DE CUENTAS
De igual modo, la Fiscalía "reitera" las diligencias interesadas en sendos escritos de 28 de enero y 4 de abril de 2013 en relación a los trabajos de fiscalización realizados por la Cámara de Cuentas de Andalucía, "en particular la remisión de copia de los trabajos de campo realizados por el equipo técnico sobre cada uno de los expedientes integrantes de las muestras seleccionadas, incluyendo las conclusiones y los memorándum de trabajo".
El pasado mes de octubre, la Fiscalía ya solicitó a la juez que requiriera de la Cámara de Cuentas de Andalucía el informe "definitivo" de fiscalización sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía, ejercicios 2001-2011.
La Fiscalía interesa todas estas diligencias, y otras más, porque considera "necesario" proseguir en la investigación y "avanzar" en la instrucción de los expedientes de ayudas a empresas y ayudas sociolaborales, "evitando con ello el transcurso de los plazos de prescripción para aquellas personas que pudiesen ser responsables de los hechos delictivos objeto de investigación, estén o no imputadas a la fecha, ya que en alguno de ellos sería necesario ampliar la imputación".
"AVANZAR" EN LA INSTRUCCIÓN
Así, la Fiscalía aboga por "avanzar" en la instrucción de la causa a fin de "permitir el mayor reintegro posible de fondos públicos indiciariamente malversados ante el distinto alcance de los procedimientos administrativos de reintegro iniciados por la Junta de Andalucía y las medidas cautelares reales que se vienen adoptando".
El Ministerio Público reconoce "la amplitud y complejidad" de la causa y el trabajo desarrollado por la juez, el personal de su Juzgado, la Guardia Civil y los peritos, pero dada "la ingente cantidad de documentación pendiente de estudiar y el trabajo que ya se viene acumulando" interesa que el Juzgado requiera ante los órganos competentes "la necesaria ampliación de los recursos humanos y materiales que permitan un avance ordenado y sistemático de la causa y que puedan dar cumplimiento en un plazo razonable a las diligencias que ya han sido acordadas así como a las que se interesan" en este escrito.
