La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, se va a reunir el próximo miércoles en Bruselas con representantes de la Comisión Europea para explicarles en detalle el "ilimitado" alcance social del decreto para Asegurar la Función Social de la Vivienda y su carácter "absolutamente urgente y necesario en un contexto de emergencia económica en Andalucía".
Fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda han informado a Europa Press de que Cortés recordará a los representantes de la Comisión que el Banco Central Europeo, a través de su presidente, Mario Draghi, ha instado al Gobierno central a tomar medidas más ambiciosas contra los desahucios, y que el propio Parlamento Europeo ha alcanzado acuerdos que reclaman a los estados que actúen a favor de los afectados por endeudamientos sobrevenidos.
Y es que, según los datos que la consejera trasladará a la institución europea, en Andalucía hay en la actualidad más de 700.000 viviendas, dato que contrasta con los más de 80.000 desahucios ocurridos en la comunidad desde 2007, "una sangría social intolerable ante la que la Administración autonómica ha decidido actuar con firmeza". Además, incidirá en que el porcentaje de alquiler, que no alcanza el 17 por ciento, es aproximadamente la mitad que en Europea, lo que, a su juicio, "hacía urgente introducir medidas para que el inmenso stock de vivienda deshabitada de la comunidad salga en alquiler a precios asequibles".
Explicará que el decreto introduce medidas para provocar que tanto las personas físicas como las jurídicas que posean viviendas deshabitadas las alquilen a precios adaptados al contexto socioeconómico de Andalucía, "donde hay más de un millón de personas en paro y la renta familiar media disponible ha caído vertiginosamente". El decreto supone además la creación del primer mecanismo para el control y seguimiento de las viviendas vacías, concretamente el registro de inmuebles deshabitados, así se lo hará saber Cortés a los miembros de la Comisión.
En la misma línea, la consejera de IU expondrá que la norma introduce también una disposición adicional que establece la posibilidad de la administración de expropiar temporalmente el uso de viviendas embargadas por los bancos cuando la persona que va a ser desahuciada está en riesgo de exclusión social. Y a esta medida pueden acogerse todas las familias que cumplan los requisitos socioeconómicos establecidos en el decreto, sin límite de número, de manera que ya son nueve los expedientes de expropiación que se han iniciado.
Durante la reunión del miércoles Cortés va a defender que este decreto andaluz no pone en cuestión la estabilidad del sistema financiero. Al contrario, recordará que "el sistema financiero español se ha visto desestabilizado por prácticas ligadas a la especulación y la acumulación de riesgos inmobiliarios contrarias a la política que defiende la Consejería de Fomento y Vivienda", según avanzan las fuentes de la Consejería. Cortés subrayará que "el desinterés de las entidades financieras por alquiler sus viviendas responde a la expectativa del surgimiento de nuevas burbujas que sí podrían desequilibrarlo".
RESPETA "ESCRUPULOSAMENTE" LA CONSTITUCIÓN
En cuanto al recurso de inconstitucionalidad que ultima el Gobierno de Mariano Rajoy contra el referido decreto, Cortés quiere trasladar a los miembros de la Comisión Europea que el Ejecutivo ha utilizado las observaciones incluidas en las comunicaciones remitidas por aquella para justificarlo, "a pesar de que la propia Comisión jamás ha puesto en duda en modo alguno que el decreto pueda suponer incumplimiento de la legislación española, mucho menos de la Constitución, que respeta escrupulosamente".
Además, va a incidir en que la presentación de un recurso "podría suponer la suspensión del decreto hasta que se produzca una sentencia, lo supondría una dramática desprotección de miles de familias en situación desesperada".
Por último, también les recordará a los miembros de la Comisión Europea que el Gobierno autonómico ha solicitado al Ejecutivo central la celebración de una Comisión Bilateral para dirimir las diferencias sobre el decreto en el ámbito político e institucional, sin la presentación de un recurso, "cuando además el decreto se está actualmente tramitando como ley en el Parlamento, sede de la soberanía andaluza".
Cabe recordar que dicha norma afecta a todas las viviendas vacías de Andalucía y a todos los desahucios, ya que permite expropiar el uso de las viviendas para evitar el desalojo de personas en riesgo de exclusión social "y supone siempre un elemento disuasorio para las entidades financieras, renuentes a forzar desahucios si con ello se exponen a sanciones o expropiaciones".
